El funcionario libró una orden de aprehensión por el delito de tortura, en la modalidad de instigador
Un juez federal libró una orden de aprehensión por el delito de tortura, en la modalidad de instigador y autor material, en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y uno de los colaboradores del secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
La resolución fue emitida por el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, el pasado 6 de septiembre dentro de la causa penal 10/2020 que inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 elementos y exmandos de la Policía Federal, acusados de golpear y torturar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de abril del 2012.
La imputación señala que Cárdenas Palomino ordenó y dirigió la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortéz Vallarta, sobrino de Mario e Israel, para obligarlos a firmar confesiones en las que ambos “aceptaban” ser integrantes de una banda de secuestradores.
En la denuncia también aparecen como víctimas los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos y golpeados dentro de su domicilio en la misma fecha por un grupo de 12 policías federales que estaban bajo el mando de Cárdenas Palomino.
Mario Vallarta, Sergio Cortéz y los hermanos Ricardo y Eduardo Granados fueron acusados de formar parte de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” y actualmente están a la espera de una sentencia definitiva en el proceso penal relacionado con el presunto plagio de un comerciante supuestamente privado de su libertad en el domicilio de la familia Estrada Granados, en un predio que también funcionaba como pensión para automóviles.
En el expediente también se libra la orden de aprehensión contra los otros 12 elementos de la extinta Policía Federal que participaron en el operativo para la detención de los hermanos Estrada Granados y de Mario Vallarta y Sergio Cortéz, servidores públicos que ingresaron sin orden de cateo a un domicilio particular, con el argumento de que había flagrancia y de que las puertas del lugar “estaban abiertas de par en par.
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