El gobernador aseguró que son varias las malas actuación del; caso Torre Centro, la liberación de padres de un presunto feminicida y el caso de uno de los “Porkys”.
El juez federal, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna será denunciado por el gobierno de Veracruz encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, esto por considerar que ha tenido una mala actuación en las acciones contra la Torre Centro de Veracruz, pues ha otorgado cuatro amparos en favor de los dueños del inmueble, aun cuando la obra ha incumplido los dictámenes de protección civil y de cambio de uso de suelo.
Así lo informó esta mañana el gobernador de esta entidad, Cuitláhuac García, al participar en la mañanea del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realiza desde este histórico puerto.
El mandatario estatal delineó que no es la primera ocasión que este juzgador incurre en presuntas irregularidades en su actuación, pues hace unos meses ordenó la liberación de los padres del joven Marlo “N”, quienes habrían ayudado a su hijo a evadir la justicia luego de ser señalado del feminicidio de una joven llamada Monserrat.
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Asimismo, dijo García, ese mismo juez dejó en libertad de uno de los acusados por el caso de los llamados Porkys, quienes en este estado abusaron sexualmente de una menor de edad de nombre Daphne en 2015, y que causó conmoción e indignación no sólo en territorio veracruzano, sino a escala nacional e internacional.
El gobernador habló de la situación de los procesos que su administración ha interpuesto contra esta torre la cual el propio López Obrador ha criticado no sólo por las irregularidades en su edificación, sino porque rompe con el paisaje arquitectónico del Puerto.
García apuntó que este inmueble no tiene los permisos correspondientes de ley que cualquier procedimiento tipo de obra requiere y aun así, “han librado, por decirlo de alguna manera, algunas acciones que hemos interpuesto en su contra”.
Explicó que su gobierno ha presentado siete juicios y dos jueces federales han otorgado beneficios a los dueños.
En un primer lugar, el juzgador Mario de la Molina Soto atendió el caso judicial, pero después de un tiempo y de otorgar suspensiones en favor de los dueños del edificio, se excusó de continuar en el proceso debido a que es pariente de uno de ellos.
Así, el caso recayó en Loranca Luna, quien ha concedido cuatro amparos con suspensiones procesionales y definitivas en favor de quienes se ostentan como propietarios de la construcción.
La mayor de las irregularidades, dijo el gobernador, es que la edificación no cuenta con los dictámenes de protección civil o de cambio de uso de suelo. “Ninguna obra puede realizarse sin estos dos dictámenes, pero la obra está casi concluida y los jueces en lugar de observar que se han construido de manera ilegal, han otorgado los amparos”.
Por ello, la administración estatal emprenderá un proceso ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se investigue y, en su caso, se sancione a Laranca Luna. “Procedemos a su denuncia, porque vemos una mala actuación del juez”.
