El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición, aunque recibió críticas de representantes de comunidades mapuches
La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó “estado de excepción” en dos regiones del sur, una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)”, anunció en un punto de prensa desde la sede de gobierno.
Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para “resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento”, señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.
En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
Hasta ahora, el mandatario progresista Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de “diálogo” a través del despliegue territorial de diferentes autoridades, sin embargo, esto no fue bien recibido por algunos grupos radicales, que continuaron realizando ataques y sabotearon varias visitas del Ejecutivo.
En paralelo, desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron al presidente de “inacción” y de ser “cómplice de la violencia”.
Además del despliegue militar, Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400 mil millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona.
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El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición, aunque recibió críticas de representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.
“Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía”, dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.
El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya “las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas”.
La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización radical indígena en Chile que se ha atribuido decenas de atentados desde la década de 1990, llamó a la “resistencia armada” ante la posibilidad de una militarización.
En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía”, a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.
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CAB
