La administración de Donald Trump acusa al gobierno de Nueva York de brindar protección a los inmigrantes.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este miércoles que el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra las autoridades de Nueva York, un estado “santuario” dirigido por demócratas que ofrece protección a los migrantes en situación irregular.
Les critica por entorpecer los esfuerzos federales para combatir la inmigración ilegal.
El anuncio se realizó una semana después de que el Departamento de Justicia, bajo la dirección de Bondi, demandara a la ciudad “santuario” de Chicago y al estado de Illinois (en el medio oeste) por razones similares.
“Demandamos a Illinois y Nueva York no escuchó”, expresó la fiscal general durante una rueda de prensa.
“Si incumples la ley federal, te haremos responsable”, afirmó Bondi. “Y si eres un estado que no cumple con la ley federal, eres el siguiente”, agregó, sugiriendo que aplicará el mismo enfoque a cualquier otro.
La denuncia tiene como objetivo a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a la fiscal general del estado, Leticia James, ambas demócratas, y a Mark Schroeder, del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), este último por una medida que obliga a notificar a “cualquier extranjero ilegal cuando una agencia federal de inmigración haya solicitado su información”.
Bondi lamentó que, por ejemplo, a los policías de Nueva York no se les permita verificar el estatus de residencia de los conductores que detienen por infracciones de tráfico.
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En la rueda de prensa, Bondi cedió la palabra a la madre de una joven de 20 años que fue asesinada por un miembro de la pandilla MS-13 que se encontraba en el país de manera ilegal.
Trump sostiene que los migrantes en situación irregular son criminales, aunque las estadísticas demuestran que los estadounidenses cometen más delitos que ellos per cápita.
Desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, el magnate republicano declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y firmó un decreto que establece que los migrantes en situación irregular representan “amenazas significativas para la seguridad nacional”.
Acusa a las llamadas ciudades santuario de ofrecerles “refugios seguros para evitar ser detectados por las fuerzas del orden federales” y de vivir y trabajar “entre estadounidenses inocentes, que más tarde pueden convertirse en víctimas de sus crímenes”.
Además de Nueva York e Illinois, otros estados santuario incluyen California, Washington, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Oregón.
Ciudades como Houston, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Francisco y Washington también implementan políticas de protección para migrantes.
