La disculpa pública por el caso Tierra Blanca se incluye dentro del apartado “Satisfacción”, que exige medidas eficaces para evitar que continúen las violaciones
Luego de los hechos ocurridos en enero de 2016 con la desaparición y muerte de cinco jóvenes originarios de Tierra Blanca, el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, ofrecerá este lunes 4 de marzo una disculpa pública a familiares de las víctimas.
El evento se realizará después del mediodía en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y contará con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín, así como de las familias afectadas.
Además, acudirán representantes del Centro Prodh y los abogados de las víctimas encabezados por Celestino Espinoza.
El acto se llevará a cabo en cumplimiento de uno de los puntos contenidos en la Recomendación 5VG/2017 dictada el 19 de julio de 2017 por la CNDH, así como del dictamen de Opinión Técnica emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El 11 de enero de 2016, los jóvenes Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O., Bernardo Benítez Arroniz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, todos ellos de entre 16 y 25 años de edad, fueron detenidos sobre la carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán, cuando se dirigían a Playa Vicente, por policías estatales, que presuntamente los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Luego de cuatro días de búsqueda, elementos de la policía científica identificaron algunos restos de los jóvenes en el rancho el Limón en Tlalixcoyan, donde según declaraciones de los involucrados, fueron asesinados y quemados con diésel.
Por estos hechos, fueron vinculados a proceso 19 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por su presunta participación en delitos de desaparición forzada, entre ellos, el exsecretario Arturo Bermúdez Zurita, el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, el exdirector de penales, Óscar Sánchez Tirado, y 16 policías, quienes habrían participado directamente en el operativo.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, una vez documentada la violación a los Derechos Humanos atribuible a un servidor público del Estado, se debe formular una recomendación a la dependencia en cuestión para incluir medidas que logren la restitución a las víctimas y víctimas indirectas de sus derechos fundamentales, y relativas a la reparación del daño y perjuicios que el hecho hubiere ocasionado.
La Ley General de Víctimas del Estado de Veracruz prevé en los artículos primero y cuarto, que “la reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
La disculpa pública se incluye dentro del apartado “Satisfacción”, que exige medidas eficaces para evitar que continúen las violaciones.
En el mensaje habrá de darse una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas, además de la aplicación de sanciones a los responsables de violaciones.
Con información de Enrique Sánchez
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