Se activa así un procedimiento insólito por su dimensión histórica pero que convierte los restos mortales de Franco en los de un ciudadano más
El Gobierno aprobó el real decreto ley que modifica la ley de Memoria Histórica para la exhumación y el traslado del dictador Francisco Franco con el argumento de que se trata de una actuación urgente para la “dignidad” de la democracia española, a solo unos meses de cumplir 40 años de existencia. Se activa así un procedimiento insólito por su dimensión histórica pero que convierte los restos mortales de Franco en los de un ciudadano más y que persigue que el Valle de los Caídos sea un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje para las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil, según las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido que en una democracia consolidada como la española “no es compatible con una tumba de Estado que exalta la figura de Franco”. Para el Gobierno, en contra de los argumentos esgrimidos por el PP en los últimos días, en ningún caso esta situación forma parte del consenso que caracterizó a la Transición.
El trámite legal del real decreto, una medida extraordinaria para una situación de urgencia, tendrá que ser refrendado posteriormente por mayoría simple en una votación parlamentaria en la que no se espera que pueda ser rechazado.
El conservador Partido Popular se ha opuesto a los intentos de exhumar los restos de Franco cuando ha estado en el poder, diciendo que sólo removería dolorosos recuerdos más de cuatro décadas después de la muerte del dictador y casi 80 años después del final de la Guerra Civil.
Ante la prensa, Carmen Calvo explicó que el decreto de ley tiene una caducidad de 12 meses, y que la exhumación tendrá lugar previsiblemente “a final de año”.
La medida choca con la oposición de la familia, que se niega a que Franco salga del Valle de los Caídos, un impresionante conjunto monumental ubicado a unos 50 km al norte de Madrid, y en cuya basílica yacen los restos del dictador desde que murió en 1975.
Calvo explicó que el gobierno está preparado para todas las eventualidades, y detalló que si la familia no indica ningún lugar para la reinhumación o se sigue oponiendo, será el gobierno “el que decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladan los restos mortales de Franco”.
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