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Gobierno mexicano firma convenio para reforzar atención a personas refugiadas

Dicho convenio busca establecer mecanismos de coordinación que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos

Este martes, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) firmaron un convenio para mejorar la atención a las personas extranjeras que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiadas y que reciben protección complementaria.

Los titulares de ambos organismos, Tonatiuh Guillén, Comisionado del INM y Andrés Alfonso Ramírez, Coordinador General de la Comar, suscribieron la firma del documento.

En la firma del acuerdo fungieron como testigos de honor la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

Dicho convenio busca establecer mecanismos de coordinación que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos.

Además se informó, que se llevarán a cabo varias estrategias, entre las que destacan que el INM deberá proporcionar un espacio físico a la Comar en dichas estaciones o estancias, para proteger y otorgar asistencia a las personas solicitantes de la condición de refugiado.

Asimismo, coadyuvar en el traslado de solicitantes de la condición de refugiado en situación de vulnerabilidad que se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo migratorio en trámite.

Por tanto, dieron a conocer tres ejes estratégicos:

  • Garantizar la prerrogativa de los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados para no tener contacto con sus autoridades consulares durante la tramitación de los procedimientos administrativos.
  • Evaluar el traslado del solicitante de la condición de refugiado entre Delegaciones u Oficinas de Representación del INM, cuando resulte procedente en términos del artículo 23 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
  • Realizar la notificación de actuaciones que en vía de coadyuvancia se realicen entre el INM y la Comar.

Sin embargo, los mecanismos de coordinación tendrán una vigencia de un año.

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