El máximo tribunal de justicia venezolano, que apoya al Gobierno, emitió tras el breve alzamiento de armas un fallo desconociendo a la junta directiva de la Asamblea Nacional y declarando que sus actos son nulos
El gobierno venezolano aseguró este lunes que detuvo a miembros de la Guardia Nacional que protagonizaron un breve levantamiento en armas después de llamar a desconocer al presidente Nicolás Maduro por redes sociales desde un cuartel en Caracas.
Los soldados atacaron un puesto policial, robaron armas y secuestraron a cuatro oficiales, pero fueron arrestados en un cuartel del barrio de Cotiza -a un kilómetro del palacio presidencial- donde encontraron “firme resistencia”, sostuvo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un comunicado.
“Los delincuentes fueron rendidos y capturados”, dijo culpando a la “extrema derecha” de la insurrección y asegurando que todo funcionaba con “completa y absoluta normalidad”.
La #FANB, rechaza categóricamente los actos de indisciplina, desobediencia e insubordinación que traicionen nuestro juramento de respeto y lealtad a la Constitución de la República y a nuestro CJ @NicolasMaduro. ¡Continuamos defendiendo la patria! ¡Viviremos y Venceremos! https://t.co/b2f94bL3SV
— Prensa FANB (@PrensaFANB) 21 de enero de 2019
Después de la divulgación de los videos en los cuales los soldados pidieron a la población salir a la calle a protestar en contra del gobierno, hubo manifestaciones de vecinos cerca del cuartel militar de Cotiza y policías antidisturbios los dispersaron con gases lacrimógenos, según testigos.
“Esos militares tenían razón en sublevarse. Aquí se necesita un cambio político (…) La economía está mal”, dijo Ángel Rivas, un obrero de 49 años que salió a las calles después de escuchar disparos desde las 3 de la mañana.
De acuerdo con opositores y analistas, el incidente puso de manifiesto descontento en las fuerzas armadas, pero el episodio parecía involucrar sólo a oficiales de bajo rango con poca capacidad para forzar un cambio político en un país que enfrenta hiperinflación, recesión y escasez de alimentos y medicinas.
En uno de los videos, un hombre de uniforme verde que se identifica como el sargento de tercera Luis Bandres Figueroa dice que él y un grupo de soldados están en contra del “régimen el cual desconocemos completamente”. En ninguno de los videos originales se escuchan disparos, ni se ven carros blindados, solo hombres con fusiles en el patio de un puesto de la GNB.
Quien ultraje sus armas con infames vicios será castigado con todo el peso de la ley. https://t.co/DC6hJZv0qs
— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 21 de enero de 2019
La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, destacó en un comunicado que lo ocurrido en Cotiza “es el reconocimiento de la existencia de un gran descontento generalizado dentro de la FAN (Fuerzas Armadas Nacionales)”.
“La Presidencia de la República fue usurpada y su cadena de mando está rota”, añadió la nota firmada por el presidente del parlamento, Juan Guaidó.
Guaidó había propuesto este mes una amnistía para funcionarios civiles y militares que desobedezcan a Maduro para iniciar una transición en el poder.
Después del breve alzamiento, el máximo tribunal de justicia del país, que apoya al Gobierno, emitió un fallo desconociendo a la junta directiva de la Asamblea Nacional y declarando que sus actos son nulos.
#AsíLoDijo || Magistrado Juan José Mendoza desde el @TSJ_Venezuela: En 2017, esta Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, por lo tanto, se anuló el acto parlamentario del pasado #5Ene de 2017 y se decidió que cualquier actuación sería nula. pic.twitter.com/ohjTcueNZF
— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) 21 de enero de 2019
El magistrado Juan José Mendoza pidió a la Fiscalía determinar las eventuales responsabilidades penales de la directiva de la Asamblea por declarar usurpador al presidente y llamar a una transición. “No solamente es una aberración jurídica sino políticamente absurda”, dijo Guaidó sobre la decisión del máximo tribunal. Otros parlamentarios consideraron el fallo como una amenaza.
Países vecinos y de la comunidad internacional han desconocido el gobierno de Maduro, que asumió un segundo mandato de seis años el 10 de enero, por considerar que el proceso electoral no brindó garantías para la participación opositora.
Pero Maduro asegura que sus adversarios, apoyados por Estados Unidos, buscan derrocarlo para apoderarse de las riquezas petroleras venezolanas.
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