Su caso fue dado a conocer a través de un reporte de The Daily Beast y una campaña de recaudación en línea organizada por su familia.
Bruna Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se encuentra detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de Luisiana, donde espera un proceso de deportación hacia Brasil.
Según dicho medio, Ferreira fue arrestada por agentes migratorios y trasladada a una instalación de procesamiento en el sur de Luisiana. Paralelamente, su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, inició una colecta en GoFundMe para cubrir los costos legales del proceso. En declaraciones a la radio pública de Boston, Michael Leavitt —padre del menor y hermano de la vocera presidencial— señaló que su prioridad es “la seguridad, el bienestar y la privacidad” de su hijo. El niño vive permanentemente con su padre en New Hampshire, aunque mantiene vínculo con su madre biológica, de acuerdo con el relato familiar.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citado en el mismo informe, describió a Ferreira como “una inmigrante ilegal con antecedentes criminales originaria de Brasil” y aseguró que se encuentra en proceso formal de remoción. Según esa versión, la mujer habría ingresado a Estados Unidos entre 1998 y 1999 con una visa de turista B-2 y tendría “un arresto previo por agresión”.
La defensa legal de Ferreira rechaza esa caracterización y sostiene que no existen registros públicos en Massachusetts que confirmen dicho cargo. Argumentan además que la mujer llegó al país siendo menor de edad, ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y está ejerciendo todos los recursos legales disponibles para evitar su deportación.
La Casa Blanca no emitió comentarios sobre el caso. Leavitt, quien asumió como portavoz en octubre, aparece en el registro oficial con varias conferencias de prensa realizadas en noviembre.
La detención ocurre en un contexto de mayor endurecimiento del sistema migratorio. En 2025, ICE aplicó cambios que restringen el acceso a audiencias de fianza para personas indocumentadas, lo que incrementa la posibilidad de que permanezcan detenidas durante todo su proceso administrativo. Un memorando interno emitido en julio también redujo las opciones para obtener libertad condicional y trasladó ciertas decisiones de los jueces a funcionarios migratorios, un ajuste que, según abogados, dificulta la defensa de familias con largos periodos de residencia en el país.
Luisiana es actualmente uno de los estados con mayor concentración de centros de detención en zonas rurales. Organizaciones migrantes han señalado que estas instalaciones presentan limitaciones en servicios de interpretación, acceso a abogados y atención médica. Debido a estas condiciones, activistas han bautizado esa red de recintos como “Detention Alley”, por sus resultados adversos para las personas detenidas.
