
Obispo pide frenar la confrontación social que se alimenta desde el lenguaje público.
Iglesia llama a frenar el lenguaje agresivo y a asumir responsabilidades sin culpar al pasado. El obispo auxiliar de México, Francisco Javier Acero Pérez, exhortó a políticos, empresarios, líderes religiosos y sociales a evitar el uso de un discurso agresivo y divisivo. Señaló que la Iglesia católica no está para replicar consignas oficiales ni posicionamientos partidistas, sino para expresar la verdad desde el respeto, la dignidad humana y los valores fundamentales.
Explicó que, mediante sus pastores, la Iglesia acompaña, escucha, consuela y colabora con miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, proponiendo soluciones y trabajando junto con las autoridades. Durante un encuentro de casi cuatro horas con familiares de personas desaparecidas reunidos en la curia de la Arquidiócesis de México, Acero Pérez criticó que se dé mayor prioridad a aprobar leyes que “promueven la cultura de la muerte” en lugar de concentrarse en la búsqueda de desaparecidos.
Por ello pidió frenar la confrontación social que se alimenta desde el lenguaje público. En un mensaje dirigido a las autoridades actuales, instó a dejar de usar el pasado como pretexto para evadir responsabilidades en temas de seguridad y construcción de paz.
Te sugerimos: Legisladores acuden a Palacio Nacional para dialogar con Sheinbaum
En la reunión, Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, señaló que no conoce un solo municipio que haya mantenido la paz después de la intervención del Ejército. Frente a la crisis de violencia y el aumento de desapariciones, sostuvo que la única vía efectiva para sostener la paz es la participación activa de la sociedad civil, el sector empresarial, las iglesias y el fortalecimiento de las policías locales.
Durante el diálogo, familiares de personas desaparecidas propusieron instalar buzones de paz en templos católicos para apoyar las investigaciones y la localización de personas; sancionar a servidores públicos indiferentes ante estas denuncias; e instaurar mesas de seguridad en los estados para dar seguimiento a las carpetas de investigación y a las labores de búsqueda.







