El objetivo es dar sustento legal a un descanso que actualmente suele aplicarse mediante acuerdos internos.
Impulsan descanso obligatorio de fin de año para burócratas; iría del 24 de diciembre al 2 de enero. En la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa que plantea establecer como obligatorio un periodo de descanso del 24 de diciembre al 2 de enero para las y los trabajadores al servicio del Estado que realizan funciones no esenciales. La propuesta forma parte de los temas laborales pendientes en Cámara de Diputados, donde también comenzó la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
La reforma fue presentada por el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, integrante de Morena, como parte de un paquete de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo en el país. El legislador sostiene que la medida reforzaría el compromiso del Estado con los derechos laborales, el bienestar colectivo y una administración pública enfocada en el servicio a la ciudadanía, entendiendo el trabajo como una fuente de dignidad y no como una carga constante.
La propuesta, publicada el 10 de febrero en la Gaceta Parlamentaria, contempla adicionar un artículo 42 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional. El objetivo es dar sustento legal a un descanso que actualmente suele aplicarse mediante acuerdos internos, disposiciones temporales o esquemas informales de guardias.
De acuerdo con el diputado por Coahuila, formalizar este periodo vacacional respondería a los principios establecidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución, que señalan que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, y que el Estado debe conducirlo con criterios de bienestar social y equidad.
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El legislador también argumenta que en países como España, Francia, Alemania y otras naciones del norte de Europa existen esquemas similares para trabajadores públicos, y que dichas experiencias muestran que fortalecer el derecho al descanso no debilita al Estado, sino que contribuye a instituciones más eficientes, humanas y socialmente responsables.
Asimismo, subraya que, aunque la medida aplicaría únicamente al servicio público, sería deseable que el sector privado adopte voluntariamente prácticas semejantes, de acuerdo con sus capacidades, como parte de una cultura laboral centrada en el bienestar, la corresponsabilidad social y la dignificación del trabajo.
