Un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio, condenando a los jornaleros que trabajan en sus campos a una vida de “esclavos”.
Durante décadas, el campo mexicano ha sido una de las áreas productivas más abandonadas del país. A pesar que durante buena parte del siglo XX el campo fue el principal pilar de la economía, hoy en día la producción agropecuaria ha perdido relevancia en México.
Esto ha abierto una brecha de desigualdad, explotación e impunidad en los principales espacios agrícolas de los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, donde un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio, obteniendo subsidios gubernamentales para mejorar su producción, explotando, en contra parte, a los jornaleros que trabajan en condiciones indignas e inseguras.
De acuerdo con un análisis de Fundar, durante el sexenio de Felipe Calderón, 20 por ciento del padrón del programa Proagro (antes conocido como Procampo) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que busca apoyar a los pequeños productores para incrementar su producción agrícola, fueron grandes empresas que recibieron el 60 por ciento de los apoyos, mientras que el 40 por ciento restante se repartió entre los pequeños y medianos productores que conformaron el 80 por ciento del padrón de los beneficiados.
Muchos de los productores a pequeña escala han buscado el subsidio gubernamental, sin embargo las trabas burocráticas y la falta de contactos que los agilicen, los ha llevado a desistir y emplearse en los grandes campos agrícolas como jornaleros donde son sometidos a extenuantes jornadas laborales con salarios miserables, falta de seguridad social, acoso sexual y violencia.
Muchos empresarios se apoyan de “enganchadores” para contratar a hombres, mujeres y niños provenientes de las sierras de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán, haciéndoles creer que podrán cobrar hasta 250 pesos diarios, con casa para toda la familia, tres comidas al día, escuelas para los pequeños y doctores que se encarguen de curar cualquier enfermedad.
Quienes caen en la trampa se topan con la cruel realidad de extorsiones, hacinamiento, jornadas de más de 12 horas sin pago de tiempo extra, falta de equipo de seguridad para el manejo de sustancias tóxicas como plaguicidas, sin acceso a servicios médicos, de escuela, guardería, vacaciones, y en donde inclusive mujeres embarazadas y menores de edad son utilizados en la pizca y recolección de alimentos.
Reportes levantados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advierten que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones dignas de empleo a los jornaleros agrícolas y los ha condenado a trabajar como “esclavos” con salarios tan bajos que apenas pueden subsistir.
Margarita Nemecio, defensora de los trabajadores del campo, dice que esta situación no cambia porque nunca se castiga a las empresas que incumplen las leyes laborales.
“El gobierno los ha condenado a trabajar como esclavos, los ha expulsado de sus tierras y los ha desplazado de manera forzada a los campos agrícolas del norte del país (…) En estos lugares no importa su nombre, su origen, sus condiciones físicas, mucho menos sus derechos y su dignidad, lo que importa es que rindan, que generen riqueza, que le asegure un futuro lleno de confort a los empresarios”, denuncia en el informe Migrantes somos y en el camino andamos de Tlachinollan.
Todo esto ante una indiferente ley que aplica multas tan irrisorias que más que desalentar este tipo de prácticas, pareciera las fomentan a través de la omisión.
Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó 2 mil 557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, en ellos encontró 55 mil 807 irregularidades de distinta índole.
Las multas que se aplicaron durante ese periodo ascendieron a más de 58 millones de pesos, sin embargo, patrones y empresas sólo han pagado el 2.5 por ciento de ellas debido a que han recurrido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones.
Sinaloa es el estado donde más multas ha impuesto la STPS por un monto de 14 millones de pesos, pero el 97.6 por ciento de ellas han sido anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa a través de amparos y contrademandas que tuercen la ley a conveniencia, como aquellas que señalan una errónea valoración de pruebas por parte de la STPS, las inspecciones que no contaban con firma, la caducidad en el procedimiento administrativo, una indebida fundamentación de la orden de inspección, el no reconocimiento de las pruebas presentadas por la empresa o la no notificación a la compañía sobre el emplazamiento jurídico.
Con información de El País
Contenido relacionado
