El nuevo implicado es de reciente ingreso en la GN y tiene alrededor de 23 años de edad; presuntamente actuó de forma unilateral
Después de que un primer agente de la Guardia Nacional, presunto responsable del homicidio de Ángel Yael Ignacio Rangel, fue liberado por un juez federal, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación penal contra un segundo integrante de este cuerpo de seguridad por ese asesinato y por causar lesiones a Edith Alejandra, estudiante de la Universidad de Guanajuato.
En audiencia ante un juez de Control federal este domingo, el Ministerio Público de la Federación expuso que el oficial de la Guardia Nacional disparó su arma y la bala penetró por el medallón de la camioneta en el que viajaban cuatro estudiantes; el proyectil se fraccionó en dos, y una parte lesionó a Alejandra, mientras que el otro penetró por el cráneo de Ángel Yael causándole la muerte.
En el Centro de Justicia Federal, el imputado ejerció su derecho de 144 horas para que se decrete o no el auto de vinculación a proceso penal, mientras tanto el juez ordenó que permanezca en prisión preventiva en el Cereso de Puentecillas, en esta capital.
En los datos de prueba enunciados por la fiscalía se estableció que el guardia imputado bajó de la patrulla en la que perseguían a los estudiantes el 27 de abril en la comunidad El Copal, sede de la División de Ciencias de la Vida de la UG, y disparó con su rifle de cargo a la camioneta en la que se desplazaban cuatro alumnos.
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El representante social formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio calificado en agravio de Ángel Yael y de tentativa de homicidio contra los otros tres estudiantes.
El nuevo implicado, se comentó, es de reciente ingreso en la GN y tiene alrededor de 23 años de edad; presuntamente actuó de forma unilateral en el incidente.
El sábado pasado, el primer elemento de la GN, señalado por la corporación como responsable del ataque a los universitarios, obtuvo el auto de no vinculación a proceso penal de un juez federal, quien a la vez decretó su libertad. Por esto, Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos padres de Ángel manifestaron indignación por la resolución: “Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune”, exclamaron.
Sobre el caso, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación llamó a la FGR y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice la justicia en el caso en el que perdió la vida Ángel Yael Ignacio Rangel y en el que resultó herida Edith Alejandra Carrillo Franco.
“Conminamos a las autoridades competentes e involucradas que intensifiquen sus esfuerzos para la localización, detención y presentación de todos los elementos de Guardia Nacional que presuntamente estén implicados en los hechos”, afirmó.
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CAB
