Las acciones jurídicas para recuperar los recursos, la cantidad de demandas mercantiles presentadas, entre otras
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo, lo cual fue detectado en ejercicios de auditoría.
Segalmex debe indicar el número de carpeta de investigación iniciada; las acciones jurídicas para recuperar los recursos; la cantidad de demandas mercantiles presentadas, señalando el número de expediente y autoridad que conoce del asunto, en caso de no haber presentado ninguna, el motivo y fundamento de por qué no se ha hecho, y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes.
Lo anterior en atención a un recurso interpuesto por un particular, quien solicitó la información, que le fue negada bajo el argumento de ser inexistente.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, se advirtió que la inexistencia de la información manifestada por Segalmex no fue fundada ni motivada y, además, se encuentra en disonancia con lo determinado en las auditorías de cumplimiento, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de la auditoría 327-DE, se constató que, en el numeral “9. GASTOS”, derivado del análisis al proceso de adjudicación de 3 contratos celebrados con 2 empresas, se observaron diversos incumplimientos contractuales en contravención a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tema de interés de la persona solicitante.
También se verificó que, en el dictamen de esta auditoría, emitido el 28 de enero de 2022, se concluyó, en términos generales, que Segalmex no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Lo anterior, ya que, en la revisión de 3 contratos y de un convenio modificatorio, se detectó, entre otras cuestiones, que no se proporcionó evidencia de los informes y de los trabajos de campo, por tanto, no se acreditó la prestación de los servicios por más de 909 millones de pesos; y, en un contrato de fletes, se identificaron pagos por servicios realizados fuera de la vigencia por más de 9 millones de pesos, así como penalizaciones no aplicadas por más de 2 millones de pesos.
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Ibarra Cadena destacó que, a tres años del surgimiento de Segalmex, el pasado 18 de agosto, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que se integraría un grupo de trabajo interinstitucional para investigar y dar seguimiento a presuntos actos de corrupción en dicho organismo.
Al respecto, detalló que la SFP tenía abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas y que alrededor de 9 mil 500 millones de pesos estaban en proceso de revisión, aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.
“Al menos, existen dos grandes estrategias para resolver el problema de la corrupción (…) por un lado, fortalecer las instituciones, así como los valores de la ética y la integridad entre los servidores públicos; y, por otro lado, facilitar que la ciudadanía cuente con información relevante para coadyuvar en la agenda de combate a este flagelo, en aras de disminuir la tolerancia y normalización de este fenómeno por parte de la sociedad”, puntualizó.
Ibarra Cadena reconoció que los avances de México en materia de combate a la corrupción son lentos, pues, según el Índice de Percepción de Corrupción, de 1995 a 2021, el país solo avanzó un punto al pasar de 31 a 32. “Esto nos coloca en el tercio de países con más corrupción en el planeta”, alertó.
Por tanto, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de Segalmex, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y con criterio razonable en todas sus áreas administrativas competentes, con el fin de localizar y entregar a la persona solicitante la información de su interés.
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