El pasado 20 de octubre, el TFJA resolvió que la navier debe pagar al SAT mil 281 millones de pesos por adeudos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) ordenó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entregar a un solicitante la información sobre la administración de la empresa Oceanografía, entre ellas, la situación de demandas laborales por parte de ex empleados y datos que el instituto clasificó como “reservados”.
Lo anterior luego que el Instituto contestó al solicitante que podía entregarle los informes mensuales de la administración, los documentos de entrega-recepción de la empresa, y otros documentos que sumaban más de 64 mil fojas.
Para los comisionados del INAI, no procede la clasificación de “reservado” de los documentos que refieren a operaciones de Oceanografía con Pemex, el no pago de cuotas al Infonavit, las irregularidades de créditos autorizados a esa empresa y fraudes que involucran a ex funcionarios públicos de la paraestatal, porque existe el interés público de conocer la legalidad de los actos de las autoridades involucradas.
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El pasado 20 de octubre, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la naviera Oceanografía debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mil 281 millones de pesos por adeudos desde 2009 de Impuesto Sobre la Renta y otros conceptos.
Oceanografía perdió por unanimidad de 11 votos, al considerar que la petición de prescripción del adeudo era infundada, ya que habían transcurrido cinco años ocho meses y 14 días desde la primera notificación y posterior investigación, por lo que se determinó que la autoridad fiscalizadora de Grandes Contribuyentes del SAT, cumplió con el plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
El Tribunal determinó que en la demanda de la empresa Oceanografía, beneficiada por contratos de Pemex durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en contra del Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del SAT, no era procedente la petición de nulidad.
Es decir, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el crédito fiscal que el SAT determinó hace siete años contra la naviera operada por Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez.
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CAB
