Empresarios en Veracruz se muestran preocupados por la propuesta de disminuir las horas laborales, y confían en que las próximas mesas de diálogo con autoridades federales aclaren los detalles del proyecto.
Incertidumbre entre empresarios veracruzanos ante posible reducción de jornada laboral. Temen que esta medida incremente sus costos hasta en un 14%, en un contexto económico que muchos describen como de simple supervivencia.
Parte del malestar radica en los adeudos pendientes que mantienen los gobiernos estatal y federal con diversas empresas locales, lo que ha generado una presión financiera considerable sobre el sector. Por ello, consideran que aplicar la reducción de jornada en este momento es una decisión complicada y desfavorable.
Las dudas son muchas: no sólo sobre si la reducción de horas implicará también recortes salariales, sino también sobre si las dependencias gubernamentales ajustarán sus propias operaciones. Esperan que se explique claramente cómo será el proceso gradual de implementación y qué sectores serán los primeros en adoptarlo. Las PyMes y MiPyMes —que representan el 96% de la economía en la zona centro del estado— serían particularmente vulnerables.
Para el sector empresarial, más allá del tiempo de trabajo, lo que debe discutirse es cómo mantener o aumentar la productividad. Temen que una reducción no planificada en las jornadas laborales conlleve consecuencias económicas negativas, especialmente en sectores como la construcción.
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También hay incertidumbre en torno al pago de horas extra y los cambios específicos en la legislación laboral que esta reforma implicaría, ya que podría afectar la competitividad de las empresas.
En el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señalan que muchas de sus empresas han sido afectadas por la falta de pago de contratos con los gobiernos. En el sur, empresas contratistas de Pemex están paralizadas, y en la región central, desde el gobierno de Javier Duarte, sigue pendiente una deuda de alrededor de 200 millones de pesos con afiliados a la cámara.
Rafael Fernández de Lara, presidente de la CMIC, indicó que en algunos casos se han hecho pagos parciales, cubriendo montos de 100 mil a 150 mil pesos, pero en otros aún se adeudan sumas que van de 15 a 20 millones. Los constructores confían en un compromiso de pago hecho por el gobierno actual, pero ante el nuevo anuncio laboral, exigen mayor claridad sobre cómo afectará a su operación.
