Dylan Archila, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) condenado por extorsión, solicitó un amparo para suspender la Ley Antipandillas Guatemala, argumentando que el Congreso violentó los “principios constitucionales de legalidad y debido proceso.”
Insólito recurso legal: Pandillero Mara Salvatrucha en prisión pide a máxima corte de Guatemala anular Ley Antipandillas. Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) preso en Guatemala ha presentado un recurso ante la máxima corte de justicia del país para que se anule una ley recién aprobada que declaró a las pandillas como organizaciones “terroristas”.
Te podría interesar: “¡Era pura panza falsa!”: farderas esconden tenis en Coppel
El Pandillero Mara Salvatrucha Ley Antipandillas Guatemala, identificado como Dylan Archila, de 23 años y actualmente privado de libertad, planteó la petición a la Corte de Constitucionalidad el viernes pasado, a través de su abogado. La nueva normativa, aprobada por el Congreso en octubre, había entrado en vigor apenas el martes de esta semana.
Argumentos Constitucionales del Pandillero
En su petición, Archila argumenta que los diputados guatemaltecos violentaron “los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica, y debido proceso” al aprobar la polémica ley. Específicamente, solicita que se le otorgue el amparo “para que se suspenda la vigencia” de la normativa.
La ley, que declara “terroristas” a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, fue aprobada en un contexto de crisis de seguridad, acentuada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. La norma eleva las penas para varios delitos cometidos por pandilleros, llegando a aumentar la condena por extorsión hasta 18 años de cárcel.
Cabe destacar que Dylan Archila fue condenado a seis años de prisión precisamente por el delito de extorsión en abril de 2023.
A pesar de que la nueva ley endurece significativamente las penas, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha descartado públicamente emular la estrategia de “guerra” contra las pandillas implementada por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador, cuyo modelo es cuestionado por organismos de derechos humanos.
