
Así lo confirmaron fuentes del gobierno federal, quienes señalaron que la alerta internacional tiene como objetivo facilitar su localización y extradición.
Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina, es ahora buscado en más de 190 países tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol, debido a su presunta implicación en una operación de contrabando de hidrocarburos entre Estados Unidos y México, conocida como “huachicol fiscal”.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en su contra desde el 19 de agosto, acusándolo de delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos. Las indagatorias apuntan a que Farías Laguna estuvo vinculado al desembarco ilícito de al menos 31 buques en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, a través de prácticas de evasión aduanera y manipulación de permisos de importación de combustible.
Junto al contraalmirante, se libraron otras 13 órdenes de captura contra mandos navales y personal de aduanas que habrían participado en esta red delictiva. Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado 11 de ellas, destacando la aprehensión del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del principal implicado, quien ya fue internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
También figura en la ficha roja el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, quien al igual que Farías Laguna, permanece prófugo. Se espera que la colaboración internacional permita su pronta localización para que enfrenten el proceso penal en territorio mexicano.
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De acuerdo con las investigaciones, los involucrados habrían utilizado sus posiciones estratégicas dentro de la Marina y el sistema aduanero para facilitar la entrada ilegal de combustibles a gran escala, afectando gravemente el control fiscal y energético del país.
Cabe mencionar que Fernando Farías Laguna promovió un juicio de amparo, en el que argumentó haber sido víctima de una detención arbitraria y agresiones físicas por parte de presuntos agentes no identificados durante un incidente ocurrido en agosto. Aunque logró obtener una suspensión provisional de su captura, esta medida fue condicionada al pago de una garantía económica y su obligación de comparecer ante el juez de control, situación que no ha cumplido, por lo cual sigue siendo considerado prófugo de la justicia.
Las autoridades reiteraron que se mantienen en coordinación con agencias internacionales de seguridad e inteligencia para dar con su paradero y ponerlo a disposición de las instancias judiciales competentes, como parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado y el robo de hidrocarburos.