Denuncias señalan que servidores públicos federales estarían implicados en cobros ilegales y nexos con operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel del Golfo.
La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz se encuentra bajo escrutinio tras múltiples denuncias que apuntan a supuestos actos de corrupción, extorsión y vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con testimonios de empresarios y fuentes cercanas a las investigaciones.
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Los señalamientos, presentados ante autoridades federales en la Ciudad de México, involucran al delegado Gonzalo Medina Palacios, así como a los funcionarios César Sandoval y Jaime “N”, además de agentes del Ministerio Público Federal y elementos de la Policía de Investigación. Los denunciantes aseguran que estos servidores exigían pagos mensuales para permitir la operación de negocios locales, con cuotas que iban de los 50 mil hasta los 500 mil pesos.
Fuentes federales indicaron que algunos de los señalados son investigados por su presunta relación con Juan Miguel Cervantes Álvarez, alias “El Momo”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, identificado como uno de los principales operadores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Según los reportes, estas redes habrían utilizado empresas locales —entre ellas Casino Flamingos Palace, Cervecería Zapata, y Grupo Riande Espectáculos— para el lavado de dinero y la comercialización de combustible robado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también vincula a “El Tanque” con una red de gasolineras empleadas para operaciones ilícitas.
Empresarios de municipios como Jáltipan y Acayucan denunciaron haber recibido amenazas, incendios de vehículos y exigencias de “derecho de piso”, presuntamente coordinadas entre miembros del crimen organizado y funcionarios federales. En algunos casos, los cobros iniciales alcanzaban un millón de pesos, además de pagos mensuales en efectivo.
La Coparmex Veracruz reportó que dos de cada tres empresarios han sido víctimas de extorsión por parte de grupos delictivos o servidores públicos, lo que refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones de justicia del estado.
En paralelo, una investigación confidencial apunta directamente al delegado Medina Palacios por presunta filtración de información durante un operativo en Boca del Río, donde un agente federal perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Autoridades sospechan que los delincuentes fueron alertados desde las oficinas de la FGR en Veracruz.
El caso continúa bajo investigación por parte de instancias federales y podría derivar en una reestructuración total de la delegación en el estado.
Con información de Excelsior
