La FGR abrió una investigación contra jueces y magistrados que habrían beneficiado a una red de trata operada desde el Bar Adelitas en Tijuana, Baja California
La Fiscalía General de la República ha iniciado un procedimiento formal contra servidores públicos del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados en funciones, por presuntos actos de encubrimiento y colaboración con una red internacional de trata de personas encabezada por Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, operador principal del Bar Adelitas en Tijuana, Baja California.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), apunta a una serie de decisiones judiciales que habrían facilitado las operaciones ilícitas de esta red criminal. Entre los implicados figuran jueces en Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México y Baja California, así como un magistrado en Mexicali. Las carpetas de investigación se mantienen bajo reserva para evitar su manipulación por parte de los mismos funcionarios señalados.
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Uno de los nombres que más llama la atención es el del juez Enrique Hernández Miranda, con sede en Sonora, quien ha emitido resoluciones favorables a miembros de diversas organizaciones delictivas. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este juez firmó 58 resoluciones entre octubre de 2024 y abril de 2025, muchas de ellas en beneficio de cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y La Familia Michoacana.
Otro caso que genera preocupación es el del magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali. De acuerdo con la FGR, este funcionario judicial habría otorgado tres amparos en favor de Jiménez Loza y de Servando Díaz López, alias “El Guante”, su presunto brazo derecho. Estas resoluciones habrían permitido revisar la vinculación a proceso de ambos sujetos y liberar propiedades como el Bar Adelitas, el Hotel Coahuila y el Valentina Bar.
La jueza del Juzgado Decimosexto de Distrito en Aguascalientes también está bajo escrutinio. Se le relaciona con el amparo 713/2023, con el cual se busca recuperar 19 inmuebles presuntamente utilizados para lavar recursos provenientes de la explotación sexual. A pesar de contar con pruebas contundentes, la jueza habría omitido ejecutar la sentencia en su totalidad, lo que representa una posible obstrucción a la justicia.
En Ciudad de México, una secretaria en funciones de jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal fue quien concedió el amparo 396/2025. Esta resolución, emitida el 22 de mayo de 2025, impide ejecutar una orden de aprehensión contra el líder criminal. A la par, la Jueza Tercera de Distrito en Sonora también habría emitido resoluciones favorables a Jiménez Loza, ignorando los antecedentes penales registrados en los expedientes 42/2025 y 1961/2024.
La FGR prevé que el próximo cambio de jueces, programado para el 1 de septiembre, permitirá reactivar las solicitudes judiciales pendientes y emprender acciones legales contra quienes hayan protegido a esta red de trata desde el ámbito judicial. Fuentes internas indicaron que, una vez concluidas las elecciones judiciales, podrían iniciarse procesos por encubrimiento y abuso de autoridad.
Organizaciones civiles que defienden a víctimas de trata han expresado su frustración por la impunidad en estos casos. Señalan que las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal han sido sistemáticamente desechadas, a pesar de documentar graves omisiones que afectan los derechos de mujeres explotadas sexualmente en varios estados del país.
El caso de “El Padrino” no solo expone la complejidad del crimen organizado, sino también las grietas institucionales que permiten su persistencia. La FGR, con estas nuevas investigaciones, busca desarticular tanto la red delictiva como el entramado judicial que la ha respaldado.
