
La Marina israelí interceptó la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 40 barcos civiles que transportaban alimentos, medicinas y activistas con destino a la Franja de Gaza.
La acción elevó la tensión diplomática, mientras los organizadores denunciaron que las embarcaciones fueron “abordadas de manera ilegal” y que varios participantes permanecen incomunicados tras la intervención militar.
La flotilla, que había partido de Barcelona a inicios de septiembre con unos 500 representantes políticos, defensores de derechos humanos y activistas de más de 40 países, se presentó como una misión “pacífica y no violenta” cuyo fin era romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar asistencia a una población en riesgo de hambruna. Entre los pasajeros destacados se encontraban la activista climática sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
El gobierno de Israel defendió la operación argumentando que las naves ingresaban en una “zona de combate activa” y que violaban un “bloqueo naval legítimo” impuesto desde 2007. Según la versión oficial, la misión representaba un riesgo de seguridad y no se permitiría su llegada a la costa gazatí. Los barcos fueron interceptados a menos de 90 millas náuticas del enclave, distancia considerada crítica para la vigilancia militar.
Diversos gobiernos europeos expresaron preocupación por la seguridad de los participantes. El canciller francés Jean-Noël Barrot confirmó que las embarcaciones estaban siendo abordadas por las fuerzas israelíes y exigió garantías para los activistas. Desde España, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, recordó que Madrid había aconsejado a la flotilla no entrar en la zona de exclusión. Italia, por su parte, desplegó una fragata para dar seguimiento al caso, después de denuncias de que la caravana marítima había sido atacada en dos ocasiones previas con drones. Tanto la Unión Europea como la ONU condenaron los incidentes.
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A pesar de las advertencias, los organizadores ratificaron su compromiso de continuar. “No cederemos ante amenazas ni ante intentos de proteger el asedio ilegal de Israel sobre Gaza”, señalaron en un comunicado. El primer ministro español, Pedro Sánchez, recalcó que los participantes “no representan un peligro para Israel” y pidió que el gobierno de Benjamin Netanyahu tampoco represente una amenaza para ellos.
Sudáfrica también se pronunció, solicitando “protección” para la flotilla y subrayando la importancia de garantizar la seguridad de civiles desarmados que buscaban llevar ayuda humanitaria a un territorio devastado por la guerra. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a activistas con chalecos salvavidas, sentados en cubierta, rodeados por buques militares que iluminaban sus barcos con reflectores.
La operación ocurre en un escenario de fuerte tensión en Gaza, donde los combates persisten tras el ataque de Hamás en octubre de 2023 y la ofensiva militar israelí en respuesta. Organismos internacionales advierten de una crisis humanitaria sin precedentes, con un riesgo real de hambruna para más de dos millones de personas.
Hasta ahora, el ejército israelí no ha informado sobre el destino de las embarcaciones ni sobre la situación de los activistas detenidos.