El gobierno italiano ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de anglicismos en la comunicación oficial y comercial del país, en un intento por preservar el idioma italiano y fomentar su uso.
La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Democrático, Michele Anzaldi, busca evitar el uso de términos en inglés en documentos oficiales y en la publicidad de empresas, así como en las conversaciones diarias de los ciudadanos.
El proyecto de ley establece que los documentos oficiales, los contratos y los anuncios publicitarios deberán estar escritos en italiano, y en caso de ser necesario, se podrán incluir las traducciones correspondientes.
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Además, la propuesta incluye la creación de una comisión para la defensa y promoción de la lengua italiana, con el fin de garantizar que se respeten las normas establecidas y se fomente el uso del idioma.
La iniciativa ha generado diversas opiniones entre la población, algunos la consideran una medida necesaria para preservar la identidad cultural del país, mientras que otros la ven como una medida excesiva que limita la libertad de expresión y que no contribuye a resolver los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad.
“No es solo una cuestión de moda, como pasan las modas, sino que la anglomanía (tiene) repercusiones para la sociedad en su conjunto”, dice una versión preliminar del proyecto de ley, presentado por el partido nacionalista de derecha Hermanos de Italia.
El proyecto de ley aún debe ser discutido y aprobado por el parlamento italiano antes de que pueda entrar en vigor.
En su discurso inaugural ante el parlamento como primera ministra en octubre, Meloni se describió a sí misma como una “desvalida”. El proyecto de ley llega pocos días después de que el gobierno se movilizara para defender lo que considera otra parte importante de la cultura de Italia, prohibiendo el uso de alimentos producidos en laboratorio para salvaguardar el patrimonio agroalimentario del país.
Italia se une así a otros países que han tomado medidas similares, como Francia, que en 2016 prohibió el uso de anglicismos en los documentos oficiales y en la publicidad gubernamental.
