El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, realizará este miércoles un viaje oficial a Estados Unidos para sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.
Esta reunión forma parte del seguimiento a la visita que Rubio hizo a México el pasado mes de septiembre, así como a los mecanismos de cooperación establecidos recientemente entre ambos gobiernos.
Durante el encuentro, ambos secretarios evaluarán los avances alcanzados en las últimas cinco semanas dentro del marco del acuerdo bilateral en materia de seguridad, cuyo principal objetivo es desarticular al crimen organizado transnacional. Este esfuerzo conjunto se enfoca en el combate al tráfico de drogas —especialmente fentanilo—, armas y personas. Como parte de este entendimiento, las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Donald Trump acordaron conformar un grupo de alto nivel encargado de implementar y dar seguimiento a estos compromisos. Dicho grupo se ha reunido de manera periódica para abordar temas clave como el combate a los cárteles, la seguridad fronteriza, el cierre de túneles ilegales, la interrupción de flujos financieros ilícitos, el combate al robo de combustible, y el fortalecimiento de procesos de inspección, investigación y judicialización.
Según datos oficiales, en los primeros nueve meses del año, estas acciones coordinadas han contribuido a una reducción superior al 90 por ciento en los cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos. También se reporta una disminución del 50 por ciento en las incautaciones de fentanilo, y una baja del 32 por ciento en índices de criminalidad dentro del territorio mexicano.
La reunión entre De la Fuente y Rubio tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado, en Washington D.C. Cabe destacar que, durante su reciente visita a la capital estadounidense, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum solicitó formalmente a Rubio la extradición de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.
La mandataria precisó que estos individuos son considerados objetivos prioritarios por las autoridades mexicanas, quienes buscan llevarlos de regreso al país para esclarecer su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014 y así garantizar justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
