El dueño de TV8, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, conocido como “El Pastelero”, se encuentra en el centro de una controversia significativa. Ha sido acusado de difamar y denostar a activistas, políticos y periodistas, además de enfrentar un juicio de paternidad por negarse a reconocer a dos hijos.
Hoy se produjo un evento singular cuando Rodríguez Medrano utilizó a la Guardia Nacional para rescatar a su encargado de prensa, Héctor Guadalupe Almaguer, de las instalaciones de la policía de la ciudad de Guanajuato. Este incidente pone en entredicho el uso de la Guardia Nacional, que debería centrarse en labores de protección pública y no en intereses personales de un candidato.
El conflicto comenzó cuando un grupo de miembros del Partido del Trabajo persiguió al morenista, Almaguer, con la intención de agredirlo físicamente, supuestamente intentaron acuchillarlo, lo que refleja la descomposición de las alianzas políticas de la región y la violencia en la contienda electoral. Tras la trifulca entre morenistas y representantes del Partido del Trabajo, Almaguer fue detenido por dirigirse de forma inapropiada a las autoridades municipales, también por riña y por resistirse al arresto, éste no sólo hacía labores de proselitismo para Rodríguez Medrano sino también para la candidata al gobierno del estado Alma Alcaraz Hernández.
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Rodríguez Medrano llegó a las instalaciones policiales y, mediante gritos y amenazas, intimidó a los elementos municipales mientras la Guardia Nacional extrajo del lugar al detenido. Este acto no solo es un abuso de autoridad, sino también un claro ejemplo de despotismo por parte del candidato a la presidencia municipal de Guanajuato.
La intervención de la Guardia Nacional a favor de Rodríguez Medrano es una muestra de cómo la institución puede ser manipulada, lo que perjudica su imagen y misión de salvaguardar la seguridad pública. La comunidad guanajuatense se enfrenta a un panorama electoral complejo, con candidatos como “El Pastelero” cuya conducta cuestiona la integridad del proceso democrático y la protección institucional.
