Fiscales federales indagan posibles actos de encubrimiento y favorecimiento judicial hacia una red internacional de explotación sexual encabezada por “El Padrino”.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lleva a cabo una investigación reservada contra jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial por presuntas resoluciones que habrían beneficiado directamente a una red criminal dedicada a la trata de personas, liderada por Juvenal Jiménez Loza, alias El Padrino, operador del Bar Adelitas en Tijuana.
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Entre los servidores públicos investigados se encuentran jueces de distrito, un magistrado federal y personal judicial de al menos cuatro estados del país, quienes presuntamente habrían favorecido a miembros de esta organización criminal con resoluciones que permitieron la liberación de inmuebles utilizados para la explotación sexual, eludir órdenes de aprehensión y modificar medidas cautelares.
Resoluciones que favorecieron al crimen organizado
Uno de los casos más señalados es el del juez de Control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, identificado como uno de los funcionarios con más fallos a favor de organizaciones delictivas. Según autoridades federales, entre octubre de 2024 y abril de 2025, firmó al menos 58 resoluciones que beneficiaron a integrantes de cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, así como a la red de trata vinculada a Jiménez Loza.
En Mexicali, un magistrado del Quinto Tribunal Colegiado también se encuentra bajo la lupa por conceder tres amparos que favorecieron directamente a El Padrino y su brazo operativo, Servando Díaz López, alias El Guante. Estas decisiones incluyen la liberación de propiedades presuntamente empleadas para actividades delictivas, como el Bar Adelitas, el Hotel Coahuila y el Valentina Bar.
Fallos polémicos en Aguascalientes, CDMX y Sonora
La jueza del Juzgado Decimosexto de Distrito en Aguascalientes es señalada por su participación en un amparo vinculado a la devolución de 19 inmuebles relacionados con operaciones de lavado de dinero. A pesar de contar con elementos probatorios, la jueza habría evitado ejecutar la resolución de forma íntegra.
Otra línea de investigación apunta a una secretaria en funciones de juez del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien otorgó un amparo el 22 de mayo de 2025 que suspendió la orden de aprehensión contra Jiménez Loza. Asimismo, en Sonora, una jueza de Distrito habría emitido fallos similares ignorando antecedentes penales registrados en los expedientes 42/2025 y 1961/2024.
Cambios judiciales abren nuevas vías de acción
De acuerdo con fuentes de la FGR, el relevo de jueces previsto para el 1 de septiembre podría destrabar los procesos pendientes y reactivar órdenes de aprehensión contra aquellos que hayan incurrido en encubrimiento u omisión. Las autoridades prevén aprovechar el contexto de transición en el Poder Judicial para avanzar en el desmantelamiento de las redes institucionales que han garantizado impunidad a esta estructura delictiva.
Fallas del sistema y exigencias de justicia
Diversas organizaciones civiles han documentado casos de omisión por parte del Consejo de la Judicatura Federal al desechar quejas presentadas contra los jueces involucrados, lo que ha impedido el acceso a la justicia para víctimas de trata. El caso de El Padrino refleja una problemática profunda, donde la corrupción judicial contribuye a la permanencia de redes criminales que operan con impunidad.
Con información de Excelsior
