El gobierno propone permitir el anonimato judicial en procesos contra criminales peligrosos si se demuestra que no hay condiciones para proteger al juez y su familia
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma que permitiría a jueces ocultar su identidad en procesos penales relacionados con delincuencia organizada, cuando su vida o la de sus familiares corra riesgo y el Estado no tenga la capacidad para garantizar su seguridad.
La propuesta fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso y contempla modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el documento se establece un marco legal para que los denominados “jueces sin rostro” operen bajo estricta supervisión del nuevo Órgano de Administración judicial.
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La medida contempla que el resguardo de identidad sea temporal y esté sujeto a revisiones periódicas, a través de una unidad especializada. Si las condiciones que motivaron el anonimato cambian, el Órgano deberá revocar de inmediato dicha protección.
Los jueces beneficiarios tendrán la obligación de firmar una declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que afirmen no estar impedidos legalmente para conocer del caso. En caso de que surjan nuevas circunstancias que afecten la validez de esta medida, deberán informar oportunamente a la autoridad correspondiente.
Para autorizar esta protección especial, se evaluarán factores como el nivel de peligro que representa el acusado, la capacidad del grupo criminal para dañar al juzgador, los antecedentes de amenazas o interferencias en el proceso, así como la gravedad del delito.
El documento puntualiza que el resguardo de identidad solo será autorizado si se verifica un riesgo real, grave y fundado para la integridad física del juzgador o su entorno cercano. La autoridad judicial tendrá la facultad de recabar información lícita para tomar una decisión fundada sobre cada caso.
Adicionalmente, la propuesta incluye una reforma al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que amplía los supuestos en los que se puede ordenar la geolocalización en tiempo real de personas investigadas. Actualmente, esta medida se aplica en casos de secuestro, extorsión o delincuencia organizada. Con la nueva iniciativa, se extendería a los 37 delitos que implican prisión preventiva oficiosa, siempre que existan indicios de que el acusado intenta huir.
Los cinco criterios principales para decidir si se protege la identidad de un juez en estos casos incluyen:
– Existencia de indicios que vinculen al acusado con la delincuencia organizada.
– Capacidad real del grupo criminal de causar daño.
– Evaluación de la capacidad del Estado para brindar protección.
– Gravedad del delito y posibles sanciones.
– Existencia de antecedentes de amenazas o intentos de interferencia judicial.
Con esta propuesta, el Ejecutivo federal busca fortalecer la protección de jueces que enfrentan casos de alto riesgo sin debilitar el sistema de justicia ni comprometer el debido proceso.
