Elon Musk acusó al magistrado brasileño, a quien ha calificado de “dictador”, de amenazar con encarcelar a sus empleados.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este miércoles al multimillonario Elon Musk que designe a un nuevo representante de su red social X dentro de las próximas 24 horas, o de lo contrario la plataforma será suspendida en el país.
Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), exigió a Musk que en 24 horas proporcionara el nombre y la calificación del nuevo representante legal de X en Brasil.
La decisión fue publicada en la cuenta del STF en la misma red social, anteriormente conocida como Twitter, y se etiquetaron los usuarios de Musk y de la empresa.
El incumplimiento resultaría en la “inmediata suspensión de las actividades de la red social” en el mayor país de América Latina, añadió.
El 19 de agosto, Musk, fundador de Tesla y SpaceX, acusó a Moraes, a quien ha llamado “dictador”, de amenazar con encarcelar a sus empleados y anunció el cierre inmediato de las operaciones de X en Brasil.
La empresa anunció que cerraba sus operaciones en Brasil debido a las acciones del juez, aunque mantenía el servicio disponible para los usuarios brasileños.
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El gobierno del presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de X.
En los últimos años, la empresa ha estado en conflicto con la Corte Suprema brasileña. Moraes había ordenado el bloqueo de cuentas de figuras influyentes en los movimientos ultraconservadores brasileños, especialmente tras los intentos de los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, admirador de Musk, de desacreditar el sistema de votación electrónica durante las elecciones presidenciales ganadas por Lula.
En abril, X admitió que los usuarios de varias cuentas bloqueadas habían logrado eludir las restricciones.
Musk acusa a Moraes de intentar “censurar” la plataforma.
Además, el magnate está siendo investigado por la justicia brasileña en el marco de una pesquisa sobre “milicias digitales”, que se centra en el presunto uso ilegal de recursos públicos por parte de Bolsonaro y su círculo cercano para orquestar campañas de desinformación en internet durante su presidencia (2019-2022).
