El aplazamiento de la audiencia se dio para que las autoridades den el informe sobre el decreto que declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional
Debido a que las autoridades federales aún no rinden su informe justificado, un juez federal de Yucatán aplazó para el 9 de agosto la audiencia en la que resolverá si el gobierno federal violó la suspensión definitiva otorgada a habitantes de Quintana Roo, al retomar las obras del tramo 5 del Tren Maya, tras declarar al polémico proyecto como de seguridad nacional.
El Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán determinó aplazar la audiencia para dar oportunidad a las autoridades para que remitan el informe solicitado respecto al decreto que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional, con aval del Consejo de Seguridad Nacional.
De igual forma, el juez con residencia en Yucatán desechó la prueba pericial que ofreció la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con la que pretendían demostrar que ya se están realizando obras en el tramo cinco, al considerarla ambigua e imprecisa.
Esto debido a que la representante legal de la asociación, Antonella Vázquez Cavedon, solicitó que dicha prueba se realizara en el municipio de Puerto Morelos, desde el kilómetro cinco de la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes, con el fin de inspeccionar si se están llevando a cabo obras y si éstas están relacionadas con el proyecto Tren Maya tramo cinco norte.
Pero DMAS obtuvo este lunes una segunda suspensión definitiva para frenar el Tramo 5, en la parte norte por no contar con resolutivo y en la parte sur porque no se han cumplido con las condicionantes que se impusieron como requisitos previos a iniciar las obras.
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El amparo 923/2022 fue tramitado el 5 de abril pasado, cuyo acto reclamado son los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el tramos 5 del proyecto Tren Maya, y del que ya se había concedido una suspensión provisional.
El 25 de mayo DMAS solicitó ampliar la demanda de amparo para incluir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) entre las autoridades mencionadas y solicitar la suspensión contra cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México.
Y en dicha solicitud de ampliación incluye a los tramos 6 y 7, de los que Novelo Pérez decidió este lunes rechazar la suspensión “porque la DGIRA sólo emitió las autorizaciones provisionales, más no ejecuta los trabajos”.
Esta es la segunda suspensión definitiva que se otorga en el tramo 5. Por la deforestación hecha sin una MIA, ni los estudios correspondientes, ni el rescate de fauna y flora, el 30 de marzo buzos profesionales calificados en inmersiones promovieron el amparo 884/2022, del que un juez concedió la suspensión definitiva el pasado 30 de mayo.
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CAB
