La indicación la hizo el juez David Carter al ordenar que se le entregue al Congreso un centenar de correos electrónicos relacionados con los eventos
Un juez federal en California dictaminó hoy que el ahora expresidente de ese país, el republicano Donald Trump, “probablemente” cometió un delito grave al intentar obstruir la labor del Congreso cuando intentó socavar las elecciones de 2020 el 6 de enero de 2021, mientras se ratificaba la victoria del actual mandatario, el demócrata Joe Biden.
El juez David Carter, del Tribunal del Distrito Central de California, emitió su opinión escrita al ordenar que 101 correos electrónicos confidenciales de John Eastman, aliado de Trump, sean entregados al comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump el año pasado.
“Según la evidencia, el Tribunal considera que lo más probable es que el presidente Trump intentó obstruir de manera manera corrupta la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”, expuso Carter
“Con base en la evidencia, el tribunal determina que es más probable que el presidente Trump y el Dr. Eastman conspiraran deshonestamente para obstruir la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”, dictaminó el juez David Carter, del Distrio Federal del Centro de California.
“La ilegalidad del plan era obvia”, escribió el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas. Ignorando esta historia, el presidente Trump hizo una campaña enérgica para que el vicepresidente determinara por sí solo los resultados de las elecciones de 2020”.
“El presidente Trump y el Dr. Eastman justificaron el plan con acusaciones de fraude electoral, pero el presidente Trump probablemente sabía que la justificación no tenía fundamento y, por lo tanto, que todo el plan era ilegal”, sentenció el juez.
Sostuvo que el plan que Eastman ayudó a desarrollar era obviamente ilegal y que el entonces presidente Trump lo sabía en ese momento.
El dictamen de Carter, quien fue nombrado por el ahora ex presidente Bill Clinton, representa un hito en la historia de la justicia de Estados Unidos al indicar que un mandatario en funciones “probablemente” cometió un delito.
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El pasado 2 de marzo, los investigadores del comité presentaron un documento en el cual apuntan que Eastman y Trump cometieron dos posibles delitos: conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a un proceso oficial del Congreso.
Indican que ambos trabajaron conjuntamente para tratar de convencer al entonces vicepresidente Mike Pence de obstaculizar en la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021 la certificación de los votos del Colegio Electoral y, por tanto, la victoria del actual presidente, Joe Biden, en las elecciones de noviembre de 2020.
Con ese propósito, el comité ha solicitado acceso a documentos y citado a declarar a aliados de Trump, que en algunos casos se han negado a cooperar, lo que ha provocado que el exasesor presidencial Steve Bannon haya sido acusado de desacato por la vía penal.
Aunque el comité no tiene facultades para presentar cargos criminales, tiene previsto divulgar un informe sobre su investigación, que podría trasladarse al Departamento de Justicia para que evalúe posibles acciones penales.
Eastman es una figura central en la investigación del comité, ya que escribió dos memorandos legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su conteo, lo que podría haber abierto la puerta para que las legislaturas estatales lideradas por republicanos votaran por Trump a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden.
Al final, Pence hizo caso omiso del consejo y los expertos legales lo denunciaron rotundamente cuando se hizo público el año pasado.
Eastman presentó una demanda contra el Comité Selecto para que bloqueara la entrega de los documentos en su posesión que le exigían los congresistas. Según él, esas comunicaciones estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente.
El comité argumentó que bajo la teoría legal conocida como la excepción del delito y el fraude, que el privilegio no cubría la información transmitida de un cliente a un abogado si era parte de promover u ocultar un delito.
El panel afirma que ha hallado evidencia que demuestra que Trump, Eastman y otros aliados podrían ser potencialmente acusados de violaciones criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.
El Departamento de Justicia lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.
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CAB
