También le negó la suspensión definitiva contra otras autoridades por inexistencia de actos, es decir, porque ellos no solicitaron su detención
El juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, concedió una suspensión definitiva a favor del gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión girada en su contra.
García Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión en su contra, señalado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Esta determinación deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar respecto de las quejas”, señaló el juez en su determinación dada a conocer este martes
De acuerdo con lo establecido, la medida cautelar prevalecerá hasta el próximo 22 de junio, fecha en que el juez celebrará la audiencia donde resolverá si le otorga o no el amparo.
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“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra, y en los términos precisados en el considerando segundo”, detalla el acuerdo del juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas.
El juzgador puntualizó en su acuerdo que “opta por proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”.
El juzgador también le negó la suspensión definitiva contra otras autoridades por inexistencia de actos, es decir, porque ellos no solicitaron su detención.
El 25 de mayo, Faustino Gutiérrez señaló que el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal contra el gobernador, por los delitos que le atribuya la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra “sub júdice”, es decir, están pendientes diversos pronunciamientos judiciales.
En su demanda, el gobernador mencionó que goza de fuero, porque el Congreso local no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, además de que existe el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que sólo podrá ejercerse acción penal cuando termine su encargo.
En ese entonces, el juzgador mencionó que si la legislatura local no aprobó el desafuero subsiste la inmunidad, lo cual, será en todo caso la materia del fondo del amparo; y el funcionario cuestionado conserva su cargo hasta que concluya el periodo para el que fue electo, si así se llega a determinar en este amparo.
*Con información de Milenio
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CAB
