Un juez de control giró una orden de aprehensión contra el Director Responsable de Obra (DRO) que autorizó la ampliación del Colegio Enrique Rébsamen, la cual habría provocado el derrumbe de la escuela el pasado 19 de septiembre.
Luego de determinarse que los añadidos que se hicieron al colegio Enrique Rébsamen provocaron en gran medida el colapso del edificio administrativo, un juez de la Ciudad de México giró orden de aprehensión contra el Director Responsable de Obra (DRO), Juan Apolinar Torales, quien supervisó dichas adecuaciones.
El delito que se le imputa al DRO es el de homicidio culposo por haber autorizado el funcionamiento del plantel escolar ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, donde el pasado 19 de septiembre murieron 26 personas, 19 de ellas menores de edad.
Torales Iniesta fue el encargado de la supervisión y ampliación del colegio y autorización de las obras llevadas a cabo en dicha institución, como la construcción de un cuarto piso donde vivía la directora del plantel, Mónica García Villegas, quien también cuenta con una orden de aprehensión que aún no ha sido ejecutada.
Dicho departamento contaba con pisos y paredes de mármol y, según los peritajes realizados por las autoridades, éste habría provocado el derrumbe de la escuela.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió un procedimiento contra él por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de directores responsables de obra.
La dependencia ha ejercido acción penal contra otro DRO y el corresponsable en seguridad estructural en el caso del edificio de Zapata 56, donde la PGJ ha aprehendido al empresario Jaime Smith Ríos por el colapso inmueble y a otras dos personas por las afectaciones que tuvo una propiedad ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales Norte; en ambos casos las detenciones han sido por otorgar las responsivas correspondientes sin apegarse a la licencia de construcción ni a las normas vigentes.
Aún hay cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, que se desprenden de las 171 carpetas de investigación que se tienen abiertas con relación a 166 inmuebles por delitos como fraude, homicidio doloso y cambio de uso de suelo, entre otros.
A la fecha, la PGJ tiene abiertas 194 indagatorias relacionadas con edificaciones dañadas por el sismo, 137 de ellas por oficio y 57 por denuncia.
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