La FGR busca imputar a 31 científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada
Un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Esto, luego de que la Fiscalía impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.
“La FGR puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, difundió la Judicatura en una tarjeta informativa este miércoles
La Fiscalía busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado, siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si podía entregar recursos al foro, la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó inicialmente por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y fortalecer sus argumentos. Hoy, el juez volvió a negar las órdenes de captura, en forma definitiva.
En su sentencia, el Juez Federal estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque, en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”, según la tarjeta.
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Además, el juzgador federal señaló que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”, sigue la tarjeta.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro (Consultivo), en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”.
Respecto a las demás acusaciones penales – uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR. Por las razones expuestas, se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos, explica la tarjeta informativa..
Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, en la que coincidió con la denunciante (Álvarez-Buylla) en que fue ilegal que el Conacyt, entonces encabezado por Enrique Cabrero, transfiriera recursos a una asociación civil como el foro.
Hoy por la mañana, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa diaria afirmó sobre el tema que “el que nada debe, nada teme”, y que tenía entendido que sí hay una investigación en curso por supuestos malos manejos en Conacyt.
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CAB
