El juez dictaminó que se afectaría el interés que tiene toda la sociedad de que primero sean vacunados el personal de salud
Un juzgado federal rechazó otorgar una suspensión provisional a tres particulares que buscaban que el gobierno federal otorgara permisos individuales para importar vacunas contra el covid-19, para aquellas personas que puedan pagar por las dosis.
El pasado 12 de marzo, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó el amparo promovido por José Alejandro Luna Fandiño, Gloria Fandiño Cárdenas y Alessandra Do Amaral.
En caso de negarse la importación individual, el amparo solicitaba la suspensión para que “se ordene a las autoridades responsables, de acuerdo con la regulación aplicable, autorizar la venta de la vacuna Covid-19 en nuestro país en el sector privado”.
Sin embargo, el secretario a cargo del Juzgado Cuarto apuntó que “Conceder la suspensión implicaría constituir el derecho a importar la vacuna y a que la misma pudiera ser comercializada sin los permisos correspondientes, ni siguiendo la normativa aplicable respecto de importación, comercialización, distribución y aplicación de vacunas”.
El secretario puntualizó que también se afectaría el interés que tiene toda la sociedad de que primero sean vacunados el personal de salud que atienden directamente a la población contagiada, quienes además corren un peligro inminente de contagiarse.
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Dichas personas reclaman a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la respuesta a una solicitud presentada el 22 de enero pasado, para obtener un permiso que les permita la importación individual de la vacuna anti-COVID.
Los quejosos también acusan a la Cofepris de proveer medios para solicitar en línea el permiso de importación, y de contar con un formato específico para dicha solicitud, lo que hace inferir que se trata de un proceso que sí puede realizarse.
El amparo se basa en el artículo 132 del Reglamento de Insumos para la Salud, que permite la importación al país, para uso personal, de materias primas o productos terminados que no cuenten con registro sanitario.
Tras otorgar el registro de emergencia a vacunas, la Secretaría de Salud les dio un reconocimiento equivalente al registro sanitario, lo que bloquea la posibilidad de importación para uso personal.
La negativa de suspensión puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, el cual tendrá 48 horas para resolver.
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