Una juez federal rechazó revocar la suspensión definitiva otorgada a organizaciones de la sociedad civil contra la reforma aprobada en el Congreso
El proceso de transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) seguirá suspendido, después de que una jueza federal rechazara revocar la suspensión definitiva otorgada a organizaciones de la sociedad civil.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena interpuso un incidente de revocación contra la suspensión definitiva, bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Sin embargo, la jueza determinó que la resolución de la SCJN no constituye un hecho superveniente, con lo que determinó desechar el recurso.
No hay lugar a la tramitación del incidente de revocación a la suspensión definitiva propuesto por la autoridad oficiante, y por lo tanto, debe desecharse”, indicó.
La jueza consideró que la determinación de la SCJN no aprueba la participación de en las calles del Ejército en labores de seguridad, ya que su permanencia se efectuaría solo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria mientras se llevaban a cabo las adecuaciones de la Guardia Nacional para realizar operaciones al 100% de sus capacidades.
También argumentó que la Corte no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad 137/2022 contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional, y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Suspensión
La suspensión definitiva fue otorgada el 24 de octubre de 2022, a partir de distintos criterios incluidos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre ellos, que “la lucha contra la delincuencia organizada no puede autorizar la violación de derechos fundamentales; en México se han militarizado las tareas de seguridad pública, lo que ha ocasionado un incremento en las quejas acerca de violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas.
“Se ha condenado al Estado Mexicano ante la grave violación de derechos fundamentales por actos que fueron ejecutados directamente por miembros del Ejército, como desapariciones forzadas, ejecución sumaria, tortura, violación sexual, detención ilegal e injerencia arbitraria en el domicilio”.
La determinación, también menciona: “este juzgado considera que la entrada en vigor del decreto impugnado, por sí sola, amedrenta e inhibe el ejercicio de los derechos alegados por el quejoso, dado que el ejercicio del uso de la fuerza, el armamento y equipo empleado por la Secretaría de la Defensa Nacional son distintos a los que de ordinario utilizan las corporaciones civiles en tareas de seguridad pública”.
El 9 de septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se oficializa la militarización de la Guardia Nacional, la cual continuará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el año 2028.
A partir del decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
El Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que incorpora a la Guardia Nacional a las filas de la Sedena.
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CAB
