La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos externó su grave preocupación por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México y advirtió acerca de los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
El organismo de la OEA reconoció la importancia de una reforma que fortaleciera el sistema judicial, sin embargo, aclara que, según la información disponible, la reforma aprobada esta semana por el Senado ny por al menos 22 congresos estatales, incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país, lo que podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.
Refiere haber recibido “cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”.
“Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”.
La CIDH señaló que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como se ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.
Frente a ello se requiere una reforma constitucional que al ser de tal envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos.
“En todo caso, una reforma comprensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”.
Informó que otros de los temas que han llamado la atención de lo denunciado por organizaciones es la inclusión en la reforma de los llamados “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada, “cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano”.
También, existe inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.
En este marco, reconoce que si bien el Estado llevó a cabo una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma, se observó que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas.
“En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”.
La CIDH advirtió que hace unas semanas la Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite expresó su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos.
“Por ejemplo, indicó que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de personas juzgadoras, y advirtió los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura.
“La Comisión insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación”.
