Para remendar estos fallos, la CNDH estableció una propia metodología y equipo que evaluara la posible “existencia de omisiones”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vio “omisiones” e “inconsistencias” en el informe que el propio ente emitió en 2018 sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La instituación sostiene en un comunicado que por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; “si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la Verdad y a la Justicia”.
Señala que “el trabajo de dicha Oficina Especial se hizo bajo secrecía y fragmentación de la información, a grado tal que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso”.
Acusa también que para la elaboración de la Recomendación 15VG/2018 hubo dilación, ya que los hechos victimizantes se dieron en septiembre de 2014, y la recomendación se presentó el 28 noviembre de 2018, es decir, cuatro años después.
Dice que en ese documento se evidencian las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.
Indica que no hubo un enfoque diferencial y especializado al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero.
Precisa que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento, fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos.
“La CNDH reconoce las legítimas demandas de madres y padres de los estudiantes normalistas, se solidariza con su dolor acompañándolos en su lucha, y exhorta a las diversas autoridades a cumplir con el mandato constitucional que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ordena a las diversas agencias e instituciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, agrega
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Para remendar estos fallos, la CNDH estableció una propia metodología y equipo que evaluara la posible “existencia de omisiones, inconsistencias o extralimitaciones” en “el marco de las investigaciones realizadas” por el ente.
Por ello, el nuevo “Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días” incluye un enfoque en derechos humanos, un estándar de investigación y un enfoque victimológico.
El informe “está organizado en 18 apartados que documentan las actuaciones y omisiones que tuvieron las distintas agencias e instituciones responsables de las investigaciones ministeriales, y también se documentan las actuaciones que llevó a cabo la CNDH, y que son el fundamento para la elaboración de la recomendación objeto de estudio”, puntualizó el texto.
Entre los resultados que arroja el informe, destacaron: que no hubo un enfoque “diferencial” a la hora de redactar la recomendación o de brindar atención a las víctimas; que los dictámenes de la CNDH se hicieron “en gabinete” y sin acudir al lugar de los hechos y que la aplicación de los protocolos de Estambul tienen “deficiencias” que impidieron documentar las torturas.
El nuevo informe también advierte que la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de “investigación ministerial” y sin documentar las violaciones a derechos humanos y que lo hizo “bajo secrecía y con fragmentación” de la información.
También que se obvió el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos y que no se consideró “la importancia” de investigar la cadena de mandos policiales, entre otros.
Finalmente, el informe que hoy se hace público, plantea una serie de acciones para subsanar las deficiencias u omisiones que en su momento se hayan cometido por parte de esta comisión, y más aún por las autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida la CNDH”, concluyó.
El 25 de marzo de 2021 la CNDH ya se criticó a sí misma por este mismo informe. En ese entonces señaló que no se cumplió “con los estándares internacionales” y lamentó que la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 mantenga “la deuda de impunidad”.
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CAB
