Hay que aclarar que éste no es un tema de desabasto generalizado en el país, sino de fallas en la distribución en algunas entidades. Estas fallas requerirán de tiempo para poder mejorar.
El pasado 27 de diciembre el presidente López Obrador presentó el “Plan para Combatir el Robo de Hidrocarburos”, que involucra a 15 dependencias y cuenta con la participación de elementos de la Sedena y de la Marina para la supervisión del sistema de monitoreo y control de los ductos. Como consecuencia del plan, la semana anterior se presentaron fallas en la distribución de los combustibles que provocaron largas filas para cargar gasolina y que ocasionaron la molestia de los usuarios en las entidades de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.
Las fallas en la distribución se debieron a que se privilegió el uso de medios de transporte más seguros, en vez de las tuberías por donde regularmente se transporta el combustible. El cierre de ductos comenzó desde el pasado 31 de diciembre y tuvo como objetivo la clausura de las tomas clandestinas, mismas que se han incrementado exponencialmente en los últimos 15 años, ya que pasaron de 155 en el año 2000 a 12 mil 581 en octubre del año anterior —un incremento de 8017%—, de acuerdo con el Reporte de tomas clandestinas 2018 que elabora Pemex.
Hay que aclarar que éste no es un tema de desabasto generalizado en el país, sino de fallas en la distribución en algunas entidades. Estas fallas requerirán de tiempo para poder mejorar. El desabasto se justifica porque los inventarios no checaban y era necesaria una intervención del gobierno para evitar que se siguiera robando. Además, la falta de gasolina también es una consecuencia directa del robo, ya que varios artículos señalan que es una práctica común que muchas gasolinerías surtieran combustible robado.
Es mezquino tratar de justificar que se siga robando sólo para resolver el problema de desabasto, ya que no se trata únicamente del robo de hidrocarburos, sino de todos los crímenes asociados a este delito, como el robo de vehículos, los enfrentamientos por el control de las tomas clandestinas y los consecuentes homicidios, además de la socialización del delito que hace que comunidades enteras hagan del robo de combustible su forma de vida.
Apuesta
El gobierno del presidente López Obrador está haciendo una apuesta importante sobre un tema que las administraciones pasadas no pudieron resolver, principalmente por el tamaño del negocio que representa. Recordemos que el año anterior el robo de combustible dejó pérdidas a la empresa por 66.3 mil millones de pesos. Si se logra consolidar la estrategia, será bueno para el país, ya que no sólo se sanearán las finanzas públicas de la empresa, sino que también puede mandar señales muy importantes de que las cosas realmente van a cambiar, porque es un tema que implica el combate frontal a la corrupción y a las viejas estructuras que dentro de Pemex estaban haciendo negocio.
La gasolina robada ha servido para financiar al crimen y también ha enriquecido por años a funcionarios de Pemex, lo que ha vuelto poco competitiva a la empresa. En el presupuesto de egresos (PEF) se incrementó en 14.1% la cantidad de recursos que se entregarán a Pemex, ya que se tiene la intención de que vuelva a consolidarse como una compañía productiva, sin embargo, de nada servirá este incremento si se sigue permitiendo el robo al interior.
La estrategia para combatir el robo de combustible comenzó el pasado 21 de diciembre y a pocos días de su implementación ha dado resultados positivos. Aún hace falta tiempo para que se consolide y se traduzca en mejores resultados. Por lo pronto, es de celebrarse el esfuerzo que se realiza en el combate al delito a pesar de los inconvenientes que esto genera.
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