Los inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República se relacionan con la corrupción en el sector de bienes raíces en la delegación Benito Juárez
El empresario Dionisio “N”, se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad y brindo información acerca de 9 de los 60 inmuebles que fueron asegurados por la Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha asegurado hasta el momento 60 inmuebles relacionados en la red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, en las que posiblemente incurrieron servidores públicos de esa demarcación.
En un mensaje a medios de comunicación, Ulises Lara, vocero de la institución, informó que han sido nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por el empresario Dionisio”N”, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad.
‘Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado’, dijo.
Detalló que algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
‘La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos’, indicó.
Lata señaló que, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita.
‘Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal’, declaró.
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