La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tome a su cargo el caso del amparo presentado por Mario Aburto, lo que podría resultar en su liberación en 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un recurso de revisión con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga en el caso del amparo otorgado a Mario Aburto Martínez. Este amparo podría resultar en su liberación en 2024, ya que busca la aplicación retroactiva del Código Penal de Baja California, reduciendo su pena de prisión en 15 años, en lugar de aplicar la legislación federal correspondiente.
La FGR argumenta que el amparo no consideró adecuadamente la jurisdicción federal, ya que el delito en cuestión, debido a su magnitud y consecuencias, debió ser juzgado por las autoridades federales en lugar de tratarse como un homicidio de fuero común local. En este caso, el Tribunal Colegiado introdujo un tema no contemplado originalmente en el amparo de Mario Aburto Martínez, sin tener en cuenta la gravedad de las consecuencias de su delito, que impactó significativamente en la democracia de México, el proceso electoral presidencial y la participación ciudadana en el país.
La FGR sostiene que esta decisión del Tribunal Colegiado ha causado un daño significativo a los valores, derechos fundamentales y principios de justicia que rigen en el Estado Mexicano, su democracia y su proceso electoral presidencial. Esto se fundamenta en la Constitución, la ley y los principios básicos de justicia que guían a México en su estructura democrática y electoral.
Además, la decisión del Tribunal Colegiado no incluyó la consulta y el testimonio de las víctimas directas e indirectas de este crimen grave, lo que dejó al Estado, sus instituciones y las personas afectadas en un estado de indefensión que debe ser corregido en aras de la justicia básica.
Al abrir este caso desde su origen, el Tribunal Colegiado permite que se examinen y valoren todas las pruebas a favor de todas las víctimas previamente mencionadas.
Por lo tanto, el Ministerio Público de la Federación (MPF), que actúa de buena fe y representa al Estado Mexicano y a las víctimas de este crimen grave, tiene la obligación ineludible de defender todos los principios legales y los derechos ya mencionados.
