La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite expresó su preocupación por la “detención arbitraria ” en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández
En una carta enviada al gobierno de México, la relatora especial de la ONU, recordó que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias debido a sus decisiones.
La Relatora Especial de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó al Gobierno de México su preocupación sobre el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, de Veracruz, quién enfrentó en dos ocasiones una “detención arbitraria y faltas de debido proceso (….) “presuntamente en represalia por su decisión sobre la concesión de un amparo en un caso de alto impacto de Veracruz”.
La carta hecha pública este lunes por la propia relatora de las Naciones Unidas, 60 días después de que se enviara al presidente de México, recuerda que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
“Mi preocupación ante los hechos descritos se basa en que, de ser ciertos, revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del poder judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos.
“Los jueces de control son parte integral de la administración de la justicia y me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país”, subraya.
La funcionaria pide hacer valer el principio básico de la norma internacional que establece que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país y todas las instituciones.
En el documento de 8 cuartillas se hace una relatoría de los hechos que llevaron a la “medida arbitraria” de detener en dos ocasiones a la jueza Sánchez, el 5 de junio en Xalapa y más tarde (16 de junio) en la Ciudad de México para someterla a un proceso penal bajo las acusaciones de cometer un delito contra la fe pública y tráfico de influencias.
De acuerdo con el escrito y la propia declaración de la jueza veracruzana, en el Cuartel de San José, un destacamento dentro de la Ciudad en la Zona Centro de Xalapa, Veracruz habría sido forzada a firmar unas hojas que parecían ser un informe de policía homologado, pero con renglones en blanco.
“Estuvo esposada en todo momento, y sintió cuando la policía llevo una almohadilla y entintaron sus dedos y los colocaron sobre los papeles. Posteriormente le habrían retirado las esposas y obligado a firmar documentos en blanco. Por temor, la Jueza estampó su rúbrica (no su firma) y colocó las siglas “B.P.” (Bajo Protesta) en dichos papeles.
“Posteriormente, con la cabeza cubierta la condujeron a un patio del cuartel, donde estaba un medio tambo con arena y la obligaron a disparar un arma que le pusieron en la mano derecha. Por debajo de la capucha la Jueza habría visto que recogieron los casquillos percutidos”.
En este escrito enviado el pasado 5 de julio al Gobierno de México, la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite pide al presidente vía las instancias correspondientes “proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones arriba mencionadas”
También, proporcionar “información sobre los fundamentos de hecho y de derecho del arresto y la detención de la Jueza Sánchez, y explique cómo estas acciones cumplen con las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
Adicionalmente, “proporcionar información sobre el estado y los resultados de una investigación sobre la presunta tortura y malos tratos”, así como “indicar las medidas tomadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados, en seguimiento de los Principios de Independencia de la Judicatura, descritos en el anexo.
La carta fechada en el Palacio de las Naciones en Suiza establece que la respuesta del gobierno mexicano tendría que darse en 60 días que se cumplieron este lunes 4 de septiembre.
“Transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
