El experto de la ONU exhortó a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia por el Covid-19
La recesión global que se avecina debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 puede ser un desastre, pero también puede convertirse en una oportunidad para implementar soluciones audaces e innovadoras que permitan a los sectores más afectados de la sociedad superar la crisis con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, señaló este viernes un experto de la ONU.
Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda externa y derechos humanos, urgió a los Gobiernos a ajustar sus políticas económicas que tengan que ver con el COVID-19 con los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.
En un comunicado, Bohoslavsky aseveró que la respuesta más adecuada a la catástrofe económica y social será poner las finanzas al servicio de los más pobres: “Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.”
Al referirse a las medidas de estímulo económico a gran escala que planean algunos países, dijo que son alentadoras, pero insistió en que deben diseñarse de tal modo que no terminen destinadas “a salvar sólo a las grandes empresas y bancos”, sino que deben ir mucho más allá.
“Exhorto a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”, agregó.
Suspensión de deudas y desalojos
Planteó por ejemplo, que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos y que se suspenda el pago de deudas cuando las personas no tengan dinero suficiente para hacer frente a la crisis de salud pública.
También hizo hincapié en que se prohíban los desalojos masivos, además de indicar que los trabajadores autónomos o del sector informal, así como los que no pueden trabajar desde la casa, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares y no exponer su salud y la de sus familias y comunidades por tener que salir a trabajar.
Llamó a revertir con urgencia la tendencia observada en los últimos años de mercantilización y privatización de servicios esenciales, como la salud.
“Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, enfatizó Bohoslavsky.
Explicó que si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud, subrayando que ningún derecho económico privado como la propiedad intelectual puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.
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