Durante el año, como si fuera una campaña de relaciones públicas, el gobierno nos presenta los datos de incidencia delictiva con tono triunfalista: “los delitos van a la baja”.
“Las cifras del delito: cuando la estadística se vuelve estrategia”. En enero y febrero de 2025, Baja California reportó una reducción del 31% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero la pregunta es: ¿esa baja refleja una verdadera mejora en la seguridad, o simplemente es el resultado de una estrategia de control de cifras?
La realidad es que los números pueden mentir, o al menos, ocultar verdades incómodas. Y el manejo de las cifras delictivas es uno de los mejores ejemplos.
Hasta hace poco, el sistema C5 servía como una especie de espejo: ahí se concentraban las llamadas de emergencia de la ciudadanía, que luego podían contrastarse con las denuncias formales ante la Fiscalía. Si había 1,000 reportes de violencia familiar y solo 100 carpetas abiertas, quedaba claro que había un subregistro.
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Hoy eso se acabó.
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Desde que el C5 pasó a control de la propia Fiscalía, ya no hay contraste. Es decir, la misma institución que recibe las llamadas es la que presenta las estadísticas. Así, el gobierno juega con una sola versión, y la ciudadanía pierde toda posibilidad de comparar.
Otro truco frecuente es la reclasificación de los delitos: un robo con violencia puede ser registrado como “daño en propiedad ajena”; un intento de extorsión como “amenaza”; un feminicidio como “homicidio doloso”. La gravedad del hecho queda maquillada en la estadística, aunque las víctimas sigan sufriendo lo mismo.
También hay que señalar la fragmentación territorial intencionada. Separar municipios como San Felipe (antes parte de Mexicali) o San Quintín (antes parte de Ensenada) provoca una baja automática en los municipios principales. Pero no porque haya menos delitos, sino porque ahora se contabilizan aparte. Así, se crea una ilusión óptica de mejora, mientras el problema solo se mueve de lugar.
Y aunque los robos patrimoniales parecen ir a la baja, otros delitos más complejos como violencia familiar, narcomenudeo, fraude y amenazas, siguen presentes o incluso en aumento. Lo que se reduce es lo visible y denunciable, no necesariamente lo que más daña a la sociedad.
En el fondo, lo que se oculta es que la impunidad sigue reinando, y la gente ya no denuncia porque no confía. Es ahí donde las cifras dejan de reflejar la realidad y se convierten en herramienta política.
La seguridad pública no debe medirse por números manipulables, sino por la percepción y experiencia real de los ciudadanos. Porque la estadística puede bajar… pero el miedo sigue igual.
Por: Esteban Capella Ibarra
