Activistas denuncian que persisten tareas pendientes frente a la impunidad que domina las investigaciones de feminicidios en México.
Las Muertas de Juárez: Campo Algodonero, un legado olvidado. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lograda en 2009 gracias a la lucha de familiares de víctimas, activistas, legisladoras, abogadas y funcionarias, evidenció las fallas del Estado mexicano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Este fallo marcó un hito que influyó en la creación de leyes nacionales contra la violencia feminicida.
Sin embargo, protagonistas de esta lucha señalan que, a pesar de su importancia, los avances han sido limitados. Patricia Olamendi, abogada feminista, considera que el problema principal radica en la desconexión entre esfuerzos federales y locales, lo que dificulta el cumplimiento de la condena emitida por la Corte.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y actual diputada de Morena, destaca la necesidad de homologar el delito de feminicidio en todo el país y de establecer fiscalías especializadas en las entidades federativas. Xóchitl Arzola, también diputada de Morena, subraya la urgencia de un cambio cultural que transforme las instituciones y la sociedad hacia un verdadero respeto a los derechos humanos, ejemplificando con casos como el de Debanhi Escobar en Nuevo León.
Kenia López Rabadán, diputada del PAN, señala que la ausencia de diligencia adecuada en las investigaciones y los estereotipos de género que persisten en el sistema de justicia representan otros grandes pendientes.
Patricia Olamendi recuerda el fallo de Campo Algodonero como un momento doloroso para México, lamentando que su impacto no haya sido el esperado. Sin embargo, resalta que esta sentencia, basada en la Convención de Belém do Pará, es un referente emblemático para toda América Latina y una herramienta clave en la lucha por la justicia con perspectiva de género.
