La Ley de Austeridad podría provocar una desbandada de buenos servidores públicos capacitados, y abrir la puerta a improvisados
Piensen en su trabajo. Esa actividad a la que se dedican y a la que le han invertido tiempo en su especialización. Ahora piensen en lo que harían si en este momento ya no pudieran ejercer ese oficio o profesión, ni nada relacionado con ella. ¿Tendrían un plan B? O qué harían para seguir teniendo una vida laboral.
La Cámara de Diputados avaló los ajuste que hizo el Senado a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que indica que grupos jerárquicos de mandos superiores de la Administración Pública que se separen de su cargo por cualquier motivo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto a las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, mientras no hayan transcurrido 10 años.
Es decir, Secretarios de Estado, Subsecretarios y directores generales, tendrán una restricción para emplearse en un rango importante del sector privado, por una década. Medida que si bien no es nueva, sobre todo de primer mundo, no se aplica por tanto tiempo, pues a nivel internacional este tipo de prohibiciones no superan los 2 años.
La medida busca entre otras cosas acabar con la corrupción y los conflictos de intereses, sin embargo hay detractores que la califican como excesiva, inconstitucional y como una grave afectación a la calidad en el servicio público.
Pues esto podría provocar una desbandada de buenos servidores públicos capacitados, y abrir la puerta a improvisados sin especialización o peor aún, a que se llenen vacantes para cumplir favores o crear plazas a modo.
También está el riesgo de que con esta nueva ley, sólo se inviertan las cosas. Pues si ahora la preocupación es que haya corrupción cuando salgan, que impediría que la transa y el conflicto de intereses venga ahora por parte de funcionarios de la iniciativa privada que lleguen al sector público, con planes específicos.
Pues no hay que olvidar que en la costumbre de la ilegalidad es sólo cosa de buscarle modo a la forma.
¿Qué pasará? ¿Habrá un tiempo mínimo en el cargo para aplicar esta Ley? ¿Quien esté un día en la chamba, quedará imposibilitado por una década? ¿Será la puerta para acabar con la corrupción?
La única forma de saberlo será al tiempo. Deseando que los 321 legisladores que la aprobaron lo hayan hecho con argumentos sólidos. Y que los 124 que la rechazaron estén en un error. En este México que busca el cambio, pero que no olvida que el nace barrigón, aunque lo fajen de chiquito.
