El Ministerio Público Federal los señaló de ser probables responsables de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa
La Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar ningún delito en contra de los 16 exfuncionarios y funcionarios en activo a los que pretendía imputar los delitos de ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa por la firma indebida de los contratos para la construcción de ocho prisiones federales de alta y mediana seguridad con fondos privados.
Tras seis días de audiencia, un juez federal sobreyó –el equivalente a un desechamiento– la imputación penal que presentó la FGR en contra de tres exfuncionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) que firmaron los contratos originales para la construcción de los ocho penales federales, por considerar que aún cuando incurrieron en diversas conductas delictivas, se les pretendía imputar por un ilícito que ya había prescrito.
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Además, el juez federal se negó a imputar a otros 13 exfuncionarios y funcionarios en activo que entre 2011 –cuando se firmaron los contratos primigenios– y 2019 –año del inicio de la carpeta de investigación–, firmaron 75 convenios modificatorios, por considerar que estos no cometieron ningún delito.
El sobreseimiento para los 16 imputados es el equivalente a una sentencia absolutoria para todos los señalados por la FGR, pero en el caso de los 13 funcionarios y exfuncionarios que firmaron convenios modificatorios fue enfático al señalar que no cometieron ningún delito.
La teoría del caso de la FGR sostenía que los 16 imputados, incluyendo tres excolaboradores del extitular de la SSPF, Genaro García Luna, habían incurrido en una conducta criminal con la firma de dichos contratos al provocar un presunto sobrecosto de 62 mil millones de pesos, derivado de las condiciones ventajosas que se habían dado a las empresas constructoras.
Además, imputó por los mismos delitos a 13 exfuncionarios y funcionarios en activo por la firma de 75 convenios modificatorios que modificaban plazos de construcción y condiciones de operación de los penales federales, argumentando que era un delito continuado y que dichos convenios perpetuaban la conducta delictiva.
Conocido por su rigidez al resolver contra los imputados, en esta ocasión el juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, desmontó las imputaciones de la FGR en contra de los principales mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que se encarga de vigilar y administrar los penales federales, pero consideró acreditado el delito para los tres excolaboradores de Genaro García Luna.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los ocho contratos privados relacionados con esta carpeta de investigación fueron otorgados por adjudicación directa a ocho grandes consorcios mediante la figura de Contratos de Prestación de Servicios, argumentando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, en contra de dicha lógica, posteriormente se permitió que los privados subcontrataran a diversas empresas, poniendo en peligro la confidencialidad del proyecto.
Según la imputación, hubo un acuerdo previo y una colusión entre todos los funcionarios y exfuncionarios imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero el juez Villar Ceballos que dicha colusión solo estaba acreditada en el caso de tres personas: el exoficial mayor de la extinta SSPF y ex mano derecha de García Luna, Sergio Montaño, y sus entonces subordinados, Marco Antonio Villarreal y Arturo Sosa Viderique, debido a que sí otorgaron ventajas indebidas e injustificadas a las empresas contratistas.
Además, el juez de la causa consideró que estos tres exfuncionarios sí incurrieron en la conducta delictiva de asociación delictuosa, al existir acuerdo previo para la firma de los contratos y favorecer a las mismas empresas que fueron consultadas para realizar el estudio de mercado
No obstante, advirtió que al estar prescrito el primer delito, por ser el de mayor pena, se tenía que sobreseer la causa penal, por lo que ni siquiera tuvo que dictar auto de libertad para los imputados, sino que desechó la imputación al quedarse sin materia.
En el caso de los otros 13 exfuncionarios, el juez advirtió que no se les podía imputar ningún delito debido que no firmaron los ocho contratos originales.
En este sentido, dijo que los convenios modificatorios no otorgaron ni perpetuaron las ventajas indebidas a los ocho consorcios privados que firmaron los contratos originales.
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Por el contrario, dichos convenios se dedicaron a subsanar los errores y condiciones indebidas que estaban en las cláusulas originales de los contratos primigenios.
En este sentido, también rechazo que este grupo de 13 exfuncionarios y funcionarios en activo hayan cometido un delito continuado, puesto que la vigencia de los contratos estaba firmada en los contratos originales, cuya forma era atribuible únicamente a los excolaboradores de García Luna.
Los exfuncionarios y funcionarios que no cometieron ningún delito en el ejercicio de sus funciones son los excoordinadores de penales federales entre 2011 y el 2018, Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, así como el actual titular de esa responsabilidad, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
También fueron liberados de cualquier responsabilidad penal Óscar Moreno Villatoro, Saúl Castro Castro, Antonio Molina Díaz y Paulo Uribe Arriaga, aunque este último exfuncionario enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en otra causa penal.
La causa penal también se sobreseyó en contra de Miguel Vital Hernández, Alma Delia Sánchez Ocampo; Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
Hasta el momento, sólo García Luna cuenta con orden de aprehensión por los presuntos delitos asociados con esta causa penal.
Según la imputación, el exoficial mayor de la extinta SSPF, Sergio Montaño Fernández, y el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acordaron desde el principio entregar los contratos de esta obra a las empresas privadas que fueron beneficiadas con los contratos originales.
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CAB
