Cho Ju-bin fue condenado a 40 años de prisión tras ser declarado culpable de organizar la mayor red virtual del tráfico sexual en Corea del Sur
El cerebro de una banda criminal surcoreana de tráfico sexual que obligaba a mujeres, a veces menores, a grabar videos pornográficos que después subía a internet fue condenado el jueves a 40 años de cárcel.
La condena del Tribunal Central de Distrito de Seúl sorprende por su severidad, en un país donde los ciudadanos reclaman al gobierno desde hace años más firmeza a la hora de castigar este tipo de crímenes.
Cho Ju-bin, de 25 años, dirigió una banda criminal desde mayo de 2019 a febrero de este año, tiempo en el que 74 personas, 16 de ellas menores, fueron chantajeadas y forzadas a enviar videos de contenido sexual. Después, las imágenes eran publicadas en foros de pago o en la red de mensajes Instagram.
El acusado distribuyó contenidos sexualmente ofensivos logrados con engaños o amenazas a las víctimas”, dijo el tribunal del distrito central de Séul, según la agencia Yonhap.
Dada la gravedad de sus crímenes, Cho tendrá que estar “alejado de la sociedad durante un largo periodo de tiempo”, según fuentes judiciales.
Los cuatro cómplices de la red virtual de tráfico sexual han sido condenados a penas de prisión de entre 7 y 15 años. Lo más inaudito de este caso es que uno de los socios del depredador sexual tiene tan sólo 16 años.
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No obstante, la corte de Seúl dictó el veredicto más severo posible que permite la Ley del Menor y el adolescente pasará los siguientes 10 años entre rejas.
El año pasado, el gobierno surcoreano creó un equipo de expertos dedicado a rastrear e identificar contenidos ilegales de carácter sexual que se comparten en las redes.
En uno de los casos más mediáticos, la estrella del K-pop Jung Joon-young fue condenado por haber filmado videos de sus relaciones sexuales, sin que sus parejas lo supieran, y haberlos publicado después. Además, también fue condenado a cinco años por violación en grupo.
En Corea del Sur existe un fenómeno llamado “molka”, que consiste en colocar cámaras ocultas en lugares públicos como baños, oficinas o transporte público, para filmar en secreto a mujeres.
En 2018, decenas de miles de surcoreanas protestaron en las calles para exigir a las autoridades que reaccionen ante esta forma de acoso.
IPR
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