La reforma propuesta comprendería la destitución del Presidente y su inhabilitación para desempeñar funciones en el servicio público
Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para hacer sujeto de juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La legisladora sonorense señaló que las sanciones serían la destitución del cargo como presidente de México y la inhabilitación para ocupar otro puesto en el sector público, desde uno hasta 20 años.
“Esta va en serio, no como la inútil pregunta de la consulta”, refirió la senadora Téllez en un mensaje en sus redes sociales esta tarde.
En su iniciativa, Lilly Téllez menciona la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, que especifica los actos o las causas que motivan el juicio político, entre los que se encuentran: el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio; y la usurpación de atribuciones, entre otros.
La senadora Téllez mencionó en el texto que cuando López Obrador rindió protesta al asumir el cargo de Presidente de la República, “se comprometió a cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no, que la Nación mexicana se lo demande”.
“Considerando que el 19 de febrero de 2021, se reformó la Constitución Federal para establecer que el Presidente de la República ya puede ser juzgado por la probable comisión de cualquier delito; hoy tenemos la oportunidad de perfeccionar un régimen de responsabilidades para el primer mandatario mexicano pero ahora que sea de carácter político y administrativo como lo es el juicio político.
Por tanto, se propone que el titular del Poder Ejecutivo Federal también pueda ser sujeto a este procedimiento de responsabilidad oficial en el caso de que incurra en alguno de los supuestos antes señalados y tendría las mismas sanciones de destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún otro dentro del sector público”, apuntó
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Téllez considerar que lograr este proceso “sería una valiosa oportunidad para acabar con los privilegios de protección o inmunidad procesal o “fuero” que tiene el Presidente de México en el caso de que incurra en alguna causa que amerite ser enjuiciado políticamente por el Poder Legislativo Federal”.
“En todo sistema político son necesarios los pesos y contrapesos para garantizar un equilibrio entre los Poderes. El juicio político se construye como una forma de control democrático al Presidente de la República frente a cualquier abuso”, apuntó
La reforma propuesta comprendería la destitución del Presidente y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos, comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, durante un periodo de uno hasta 20 años.
Sin embargo, estas sanciones sólo podrían proceder si el mandatario incurriera en alguno de las siguientes faltas:
- Ataque a las instituciones democráticas Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal.
- Violaciones a los derechos humanos
- Ataque a la libertad de sufragio
- Usurpación de atribuciones
- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales
- Violaciones graves o sistemáticas a los planes, programas, y presupuestos de la Administración Pública Federal
- Las omisiones de carácter grave
En ese sentido, se especifica que el juicio no procederá por la mera expresión de ideas, y la valoración sobre la existencia y gravedad de dichos actos será juzgada por el Congreso de la Unión.
En tanto, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para su discusión.
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CAB
