El consejero presidente consideró que la denuncia recuerda a las peores prácticas de regímenes autoritarios
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió desestimar la denuncia penal en su contra y la de sus compañeros por aplazar la revocación de mandato, hecho que calificó como grave, pues se “traspasó una frontera que debería ser infranqueable”.
En un video difundido en redes sociales, Córdova dijo que la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, sigue su cauce por perseguirse de oficio, por lo que es insuficiente el anuncio de no ratificarla, como lo hizo el propio legislador.
Debido a ello, consideró que la denuncia recuerda a las peores prácticas de regímenes autoritarios, pues “se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar”.
“Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos y hasta del Presidente de la República obligaron a quién preside la Cámara de Diputados a rectificar, qué bueno que lo haya hecho.
Sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias, es una denuncia de presuntos delitos claramente inexistentes qué evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, comentó
En el video, en el cual también envió una felicitación por Año Nuevo, Córdova aseguró que el INE continúa el proceso para la organización de la consulta de revocación de mandato acatando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero insistió en que no se cuenta con los recursos.
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En ese sentido, dijo que solicitará una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda y de no obtener los 3 mil 800 millones de pesos necesarios, la llevará cabo con los mil 500 millones que ha logrado reunir.
Pero, continuó, “sin aceptar ni comprometer nuestras facultades constitucionales legales estatutarias y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto (…) es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano, pero a lo imposible nadie está obligado”.
Indicó que el INE siempre ha manifestado su disposición para que este proceso revocación de mandato se lleve a cabo con todas las garantías y características que existen en la Constitución y la ley.
En este contexto, señaló que “ha recurrido siempre a las instancias legales competentes y tomado decisiones a veces polémicas, controvertidas que se han considerado necesarias, ello no debería de ser necesario la censura ni mucho menos de persecución penal o política”.
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CAB
