Los 5 momentos de crisis de Enrique Peña Nieto

Los 5 momentos de crisis de Enrique Peña Nieto
Los 5 momentos de crisis de Enrique Peña Nieto

En el transcurso del sexenio de Peña Nieto se registraron al menos cinco momentos de crisis que encendieron las alarmas en su equipo más cercano, con un manejo que tuvo sus repercusiones para bien o para mal

Enrique Peña Nieto se convirtió en Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2012, terminando su mandato este 30 de noviembre de 2018. Político mexiquense, es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, teniendo el  mérito de volver a poner al PRI al frente del Gobierno -de donde había salió 12 años atras-.

Tras una exitosa y mediática campaña política en 2012, llegó a la Residencia Oficial de Los Pinos comprometido a conseguir los cinco objetivos de su programa electoral: reducir un 50% la tasa de homicidios y secuestros; reducir la pobreza; generar más empleo; mejorar la educación y devolver a México el liderazgo que le corresponde en el mundo; y en su mensaje de despedida, reitera que gobernó «siempre pensando en las generaciones de hoy, pero también en las de mañana” y que a lo largo de 6 años se mantuvo la estabilidad económica, impulsando la modernización del país.

Pero en el transcurso de su sexenio, tuvo sus momentos de crisis que encendieron las alarmas en su equipo más cercano, con un manejo que tuvo sus repercusiones para bien o para mal. Como sucede en la política. Revisemos cinco de los más representativos.

Matanza de Tlatlaya

Durante las actividades de reconocimiento a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal número 2 que realizaban ocho militares del 102° Batallón de Infantería la madrugada del 30 de junio de 2014,  al pasar «frente a una bodega en obra negra «en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya se registró un enfrentamiento con un grupo de civiles.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esa madrugada los militares ejecutaron a 15 de los 22 personas que se hallaron fallecidas al interior de la bodega, contrario a lo que los gobiernos estatal y federal habían manejado respecto a que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército pues se encontraban armados, bebiendo y drogándose, emitiendo la recomendación recomendación 51/2014 para la Sedena, la PGR y el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

La versión oficial indicaba que el enfrentamiento había comenzado alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, una vez que los militares ingresaron a la obra negra que carecía de puertas y fueron agredidos por quienes se encontraban dentro,  prolongandose entre 5 y 10 minutos, y que además, habían encontrado a varias personas amarradas, presuntamente en calidad de secuestradas.

Según los militares, ellos fueron agredidos primero, por lo que repelieron el ataque, pero la versión de una sobreviviente y testigo de los hechos los contradijo, asegurando que los castrenses dispararon primero mientras todos dormían en la bodega. Después, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse para decir su apodo, su edad y su ocupación, para después dispararles.

No obstante, un reportaje de la agencia AP expuso dudas sobre el presunto enfrentamiento, señalando inconsistencias del reporte oficial, afirmando que pudo haber tiros a corta distancia. Semanas más tarde, otra investigación periodística dio cuenta de de un testimonio que aseguraba que lo ocurrido en Tlatlaya, se trató de una ejecución. Iniciando un escándalo, que obligó a distintas dependencias

Posteriormente, la CNDH documentó que tras lo sucedido, el lugar de los hechos fue alterado, “a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo.”

Casi tres meses después, el 25 de septiembre de 2014, la Sedena informó que los ocho militares relacionados al caso fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar e internados en el Campo Militar 1, pero solo uno de ellos fue juzgado, recibiendo una pena de un año de prisión.

Desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

La desaparición forzada Iguala de 2014 fue una serie de episodios violentos que acontecieron entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando la policía municipal de Iguala y la estatal de Guerrero persiguieron y atacaron los camiones en los que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dando como saldo varios civiles heridos, al menos 9 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos (aunque en un primer momento se hablaba de 57, modificando la cifra cuando se informó que 14 de ellos habían sido ubicados en sus casas).

Horas más tarde, en la mañana del 27 de septiembre, elementos del Ejército Mexicano encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los jóvenes normalistas, con el rostro desollado. Para el día 30, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como responsable de los hechos violentos y las desapariciones forzadas.
Para el 13 de de octubre, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43 jóvenes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula, que a su vez los entregaron a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, aparentemente creyendo de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos Los Rojos, el cártel rival. Para finalmente incinerarlos en la parte baja del basurero de Cocula, una vez muertos.

La llamada «Noche de Iguala» generó una serie de reacciones de repudio nacional y global por los resultados de la investigación oficial que derivó en la llamada «verdad histórica», defendida por el procurador. Por lo que ciudadanos, colectivos, organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos se han manifestado por el esclarecimiento total y absoluto de los hechos, así como del castigo a los culpables de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, así como de las autoridades que actuaron con negligencia u omisión en las indagatorias iniciales.

Segunda fuga del «Chapo» Guzmán

Tras la detención del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán el 22 de febrero de 2014 por elementos de la Marina Armada de México en Mazatlán, Sinaloa, siendo uno de los momentos cumbre del sexenio, la noche del 11 de julio de 2015, el capo volvió a fugarse de un Centro Federal de Readaptación Social, poniendo en una de sus peores crisis al sistema de seguridad nacional y al Ejecutivo.

Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda en la zona y en las vías de comunicación de las entidades vecinas, evidenciando las carencias de seguridad en México como la enorme capacidad de corrupción que poseen las organizaciones criminales a ese nivel, dado que un vídeo facilitado por las autoridades, del interior de la celda del «Chapo Guzmán», expuso más detalles de la fuga, permitiendo apreciar el momento en que el líder del Cartel de Sinaloa desaparecía de la parte superior de la pantalla, descolgándose por un agujero del suelo de la regadera.

Todo esto, bajo la venia de los vigilantes del penal que parecen ignorar el insistente de un martilleo que se escucha, mientras el preso sigue mirando una pantalla que tiene, con la mano en la boca y mordiéndose las uñas a la espera de recibir la señal para su inminente rescate cuando se escucha el sonido de un desprendimiento de tierra, Guzmán Loera se cambia los zapatos y desaparece de la escena, escapando por un túnel que se construyó debajo del centro penitenciario donde estaba recluido.

Un año después, el 8 de enero del 2017, el presidente anunció en su cuenta de Twitter el mensaje “Misión cumplida: lo tenemos”. Pero el daño a su imagen ya estaba hecho.

La Casa Blanca de Sierra Gorda número 150

Derivado de un reportaje publicado en mayo de 2013 en una revista de sociales en la que Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, mostraba lo que era su residencia familiar, que a su vez originó una investigación periodística dada a conocer en julio de 2014, estalló uno de los mayores escándalos políticos conocido como el caso de la casa blanca.

Éste, generó una investigación oficial por conflicto de interés en la compra de una mansión de siete millones de dólares por parte de Angélica Rivera, involucrando al mismo presidente como al secretario de Hacienda, de la que más adelante fueron exonerados. Sin embargo, ​esta situación provocó la revocación de la licitación del tren México-Querétaro a Grupo Higa, empresa señalada como quien, a través de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, vendió la casa ubicada en la calle de Sierra Gorda número 50 de las Lomas de Chapultepec, y que durante la administración de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, obtuviera una serie de contratos de obra pública.

El 18 de noviembre, Angélica Rivera publicó un vídeo en línea en el que explicaba que había adquirido dicha propiedad con el patrimonio obtenido por su carrera de 25 años como actriz de telenovelas, e informando que lo pondría a la venta para evitar «que esto siga siendo pretexto para ofender y difamar a mi familia». Pero este intento de control de daños no fue bien recibido por la ciudadanía, que ya había procesado el mensaje inicial de forma negativa.

Así, impactando en ese momento tanto en su credibilidad como en la de todo su gobierno, el mismo Peña Nieto reconoció en agosto de 2018 al episodio de la casa blanca como uno de los errores de su administración.

Terremotos de 2017

Durante septiembre de 2017, el territorio mexicano registró dos terremotos de fuerte intensidad que causaron más de 400 muertos, enormes pérdidas materiales y financieras, una reacción sociales desactivó por un tiempo los graves problemas de inseguridad y corrupción del país, pero también representaron un fuerte momento de crisis para el gobierno, que debía atender con diferencia de semanas los estragos de dos desastres naturales de gran magnitud.

El primero ocurrió casi a la medianoche del 7 de septiembre, cuando un temblor de magnitud 8.2 sacudió al Istmo de Tehuantepec, y causó 98 muertos en total; 78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.

Con epicentro frente a las costas de Chiapas, en pocos segundos cambió la vida de al menos 100,000 habitantes con un daño en el 70% de las viviendas, dejándolos en la calle.

Ante esta situación, el presidente Enrique Peña Nieto se desplazó a los estados afectados y ordenó a su gabinete que atendieran la emergencia desde el mismo lugar de la tragedia. Y todavía se realizaba el recuento de daños cuando un terremoto de 7.1 grados sacudió el país poco después del mediodía del 19 de septiembre, cuando la población conmemoraba los 32 años de otro trágico sismo que cambió el rostro de la Ciudad de México.

Menor al de 1985 que fue de 8.1 grados, pero se sintió con gran fuerza porque el epicentro se localizó a solo 120 kilómetros de la capital del país, entre los límites de Puebla y Morelos, derrumbando 38 edificios en distintas zonas, incluyendo una escuela particular con niños en su interior. Dejando un balance de damnificados que perdieron sus viviendas, 369 personas muertas entre la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

Cifras oficiales, ambos sismos de septiembre de 2017 generaron daños parciales o totales en 184,000 viviendas, la mayoría en Chiapas y Oaxaca, en donde la población sigue a la espera de los apoyos para reconstruir su patrimonio y así poder retomar sus vidas con normalidad.

Imagen: @EPN

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