El exmandatario estadounidense Donald Trump aseguró que, si regresa a la presidencia, desplegará fuerzas federales en zonas urbanas afectadas por el crimen, con apoyo de su posible compañero de fórmula, J.D. Vance.
Durante un reciente acto de campaña, Donald Trump afirmó que, en caso de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, implementará una estrategia de mano dura contra la delincuencia urbana, incluyendo el envío de tropas federales a ciudades como Los Ángeles, que enfrentan altos niveles de criminalidad. Esta propuesta ha generado debate sobre el alcance del poder federal y su intervención en asuntos locales.
Trump fue acompañado en el evento por el senador republicano J.D. Vance, quien se perfila como uno de los posibles aspirantes a la vicepresidencia en su fórmula. Ambos políticos criticaron lo que consideran una “inacción” por parte de gobiernos estatales y municipales demócratas, a quienes responsabilizan del deterioro de la seguridad en diversas metrópolis del país.
El expresidente enfatizó que su propuesta no busca militarizar el país, sino “restaurar el orden” en lugares donde las autoridades locales, según él, han fracasado. En sus declaraciones, se refirió a la situación en ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York, además de Los Ángeles, como ejemplos de “crisis urbana” que requieren intervención inmediata.
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Por su parte, Vance respaldó la idea de utilizar recursos federales para combatir el crimen, y aseguró que, de llegar a la vicepresidencia, trabajará para aplicar una política de “tolerancia cero” contra grupos criminales y pandillas. Ambos argumentaron que su plan busca proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por el narcotráfico y la violencia armada.
Sin embargo, las propuestas han sido criticadas por diversos sectores, que las califican como autoritarias y contrarias a la autonomía estatal. Expertos en derecho constitucional han advertido que el despliegue de tropas federales en territorio nacional sin solicitud de los gobiernos locales podría enfrentar obstáculos legales, y reavivar el debate sobre los límites del poder presidencial.
